Mosaico de noticias sobre el Referendum de Catalunya, desde el 24/09 hasta el 30/09.

Dada la novedad de nuestro blog, y el desenvolvimiento de los acontecimientos históricos alrededor del 30/09 en Catalunya, consideramos necesario, incluso imperativo, servir de portavoces al respecto de lo que ocurre en tierras catalanas. Es por eso, que tomamos la decisión de mostrarles, en un solo post, un conjunto de noticias, separadas por fecha, y en orden ascendente, desde el 24 de Septiembre hasta el 1 de Octubre, cada una con su respectivo link oficial. Agradecemos los aportes de los compañeros de la revista VIENTOSUR por su eterna colaboración en la divulgación de los pueblos EnLUCHA:

                                                 

                                                 
Manifiesto de apoyo al Referéndun de Catalunya

Decidir es un derecho

24/09/2017 | Colectivo

La situación en Catalunya nos interesa y nos afecta a todas y a todos. Para el próximo 1 de octubre está anunciado un referéndum en Catalunya para ejercer un derecho legítimo, un derecho reconocido por las Naciones Unidas, que se acepta para muchos pueblos del mundo y que, sin embargo, se le niega al pueblo catalán y a los pueblos sometidos al Estado español.

Por su tradición histórica, su movilización y sus reivindicaciones el pueblo catalán ha demostrado que es una nación y que, por tanto, tiene el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro y su relación con los pueblos que hoy conforman el Estado español.

La exigencia del derecho a decidir no va contra nadie. No es contra las clases trabajadoras o territorios que forman parte del Reino de España. Es una seña democrática el respeto y la solidaridad entre los pueblos. Enfrentar a unos pueblos contra otros es la más insolidaria de las políticas.

Las libertades se conquistan y se mantienen ejerciéndolas. El derecho de huelga se conquistó haciendo huelga. El sufragio universal fue una conquista democrática que supuso muchas luchas y enfrentamientos con la legalidad de entonces. Los actuales poderes cambian la legalidad y la Constitución cuando les interesa. Defendemos que el pueblo catalán pueda hacer efectivo su derecho de autodeterminación.

No tenemos ninguna duda de que esa mayoría que quiere decidir preferiría hacerlo de una manera acordada con el gobierno español, pero éste se ha negado en redondo. Dialogar y dar la voz a la ciudadanía es la mejor manera de resolver un problema político.

Existen en nuestro país síntomas alarmantes de degradación democrática, cada vez hay menos mecanismos de control democrático del poder; las elites se enriquecen a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población; la corrupción ha llegado a niveles insoportables; se legisla recortando derechos y ahora se quiere impedir el derecho de un pueblo a decidir sobre su soberanía.

Deseamos la igualdad de todas las naciones y pueblos y que nadie pueda tener privilegios por encima de otros; por eso mismo defendemos el derecho del pueblo catalán a votar en referéndum. La solidaridad y la fraternidad se consiguen tratándose como iguales, ayudándose recíprocamente cuando es necesario.

El movimiento soberanista e independentista catalán es un movimiento pacífico, democrático y republicano con amplio apoyo popular, que nace de la sociedad civil y se traslada a las organizaciones políticas y sociales. Buena parte de este movimiento social demanda cambios que favorezcan a la población más afectada por la crisis. Por eso es un aliado de todos los pueblos de España y de quienes luchan para cambiar las políticas del PP y el gobierno Rajoy.

Nos oponemos y nos opondremos a cualquier tipo de represión judicial o policial que pueda ejercer el gobierno español contra quienes ejerzan sus derechos democráticos y contra las/los representantes e instituciones legítimamente elegidas por el pueblo catalán.

Quienes conformamos este manifiesto, más allá de la opción política de cada uno, nos sentimos comprometidos con el derecho a decidir del pueblo catalán, defendemos la convocatoria del 1 de octubre y apoyamos que exista el máximo de movilización y participación en el referéndum para que sea conocida y respetada la voluntad mayoritaria.

                                                 

                                                 

Pensamiento crítico

La cuestión de la democracia
25/09/2017 | Cornelius Castoriadis

[A veces viejos textos escritos hace años ayudan a iluminar los problemas actuales, precisamente porque no parten de la coyuntura, sino que analizan las raíces del problema. Este es el caso de este breve texto de Cornelius Castoriadis, de quien en diciembre se cumplirá el veinteavo aniversario de su muerte.
El gobierno del PP y sus apoyos mediáticos intentan convencer a la población de que España es una democracia en el pleno sentido de la palabra, puesto que se basa en una Constitución democrática, en elecciones periódicas y en el imperio de la ley. Y que todo aquel que cuestione los poderes constituidos y desobedezca las leyes vigentes no puede llamarse demócrata. Castoriadis, desde la segunda página de este texto escrito en 1993, niega la mayor: “La democracia es el poder del pueblo. Entonces, es una vergonzosa hipocresía decir que hay algún país en este planeta en que el pueblo tiene el poder”. Una afirmación radical que enlaza perfectamente con la famosa frase del 15-M: “Lo llaman democracia y no lo es”.
Castoriadis no se limita a criticar las democracias existentes, sino que propone una alternativa: la democracia directa en todos los aspectos de la vida social, incluida la gestión colectiva de la producción. Se puede pensar que ésta es una alternativa utópica, porque es tan distante de la situación actual que no es operativa para mejorar el día a día. Castoriadis no se ocupa, en este texto, de cómo hacer la transición desde la situación actual hasta la democracia directa. Nos lo deja a nosotros.
Pero justifica su objetivo utópico con argumento convincente: “ocurre que el hombre es un animal que busca el sentido, un ‘animal’ que busca el sentido”. Antiguamente este sentido lo daban las religiones, pero ante la falta de un sentido laico éstas retornan. Castoriadis nos plantea una alternativa: “proponernos la institución de colectividades libres, formadas por individuos responsable y libres, capaces de darle otro sentido a su vida, distinto que la adquisición de nuevas mercancías. Cuál será el sentido que darán a su vida las futuras colectividades, es algo que no podemos decir en su lugar”
. Martí Caussa]

Leer La cuestión de la democracia de C. Castoriadis

                                                 

                                                 

 

cuartopoder.es | Referéndum del 1-O en Catalunya
Manifiestos académicos contra referéndums
25/09/2017 | Sebastián Martín

Hace un par de semanas circuló un tuit despectivo escrito por un conocido profesor de Derecho. Valoraba unas declaraciones que La Vanguardia difundía del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. En ellas, Gerardo Pisarelloabogaba por votar el 1-O “un sí crítico” contra el “autoritarismo del PP”. El docente madrileño le ponía como ejemplo de que se puede ejercer de “profesor de Derecho Constitucional sin ser constitucionalista”.

En la presente controversia, el concepto de constitucionalismo está siendo el escenario de una disputa significativa. Ocurre un poco como sucede con el término democracia: algunos la enuncian para designar un sistema político donde, curiosamente, no cabe la expresión popular directa en asuntos decisivos, solo la acción de los representantes.

Con el término constitucionalismo en su acepción más moderna, la postfascista, pasa algo parecido. Concebido como una arquitectura institucional puesta al servicio de los derechos, de todos ellos, incluidos los políticos, sociales, económicos y culturales, parece volver a declinarse con perfiles decimonónicos, como sinónimo del orden público. En la batalla por dotarlo de significado político actual y funcional, el frente mediático mayoritario parece empeñado en asimilarlo a tales contenidos. Al menos eso se diría que pretenden al identificar, con trazo grueso, la oposición al secesionismo con un presunto bloque constitucionalista, mientras excluyen de plano del marco constitucional a quienes proponen una salida dialogada mediante una consulta pactada.

A todo ello quizá hayan contribuido los propios especialistas en la materia, que han logrado una casi inédita unanimidad al suscribir un manifiesto donde pedían al Govern catalán que cumpliese la Constitución. Nada hay que reprochar a las consideraciones técnico-jurídicas que encabezan ese llamamiento. Además, la salida en bloque a la palestra pública del constitucionalismo universitario español es de celebrar. El esprit de fronde no se prodiga en medios académicos, más proclives a la inercia y la sumisión, con lo que es digno de encomio que se animen a manifestarse. Pero el gesto, extemporáneo, merece comentario.

Hay juristas de notable peso intelectual que llevan casi una década advirtiendo del proceso de de-constitucionalización que están experimentando los Estados europeos. La supuesta impronta normativa de las constituciones democráticas ha sido seriamente conculcada por los desafueros de una política autoritaria y economicista. La agresión a los derechos sociales y laborales primero, y a las libertades políticas después, llevan años haciendo ilusoria la imperatividad constitucional. Algunos, pocos, juristas españoles de cierta relevancia pública llevan tiempo diciendo que la Constitución del 78, por las diferentes embestidas recibidas, se halla en un peligroso estado de suspensión.

Sin embargo, hasta donde alcanzo a conocer, ningún pronunciamiento público de carácter colectivo tan nutrido se dio en el gremio de constitucionalistas durante este proceso de desmontaje. No lo hubo ante la bochornosa reforma del art. 135, como nos recuerda Rafael Escudero. Tampoco frente a las restricciones legales de derechos sociales como la sanidad o al abuso estructural de la legislación por decreto. Ni siquiera frente a la justamente llamada Ley Mordaza o a la todavía más inquietante Ley de Seguridad Nacional. Es más, numerosos autores y magistrados se dedicaron más bien a blanquear de aspecto constitucional lo que manifiestamente conculcaba el núcleo del constitucionalismo democrático. Entendieron que todo entraba dentro del ámbito de la discrecionalidad del Gobierno, sin atender al daño infligido en el edificio constitucional.

Tampoco sorprende que la respuesta colectiva se haya dado justo ahora. Como ocurre con todos los conceptos políticos, el de constitucionalismo también es polisémico e integra simultáneamente una variedad de acepciones. Cuál de sus flancos resulte predominante depende de variables históricas, sociopolíticas y culturales. Si los resortes han saltado cuando ha entrado en profunda crisis “la integridad territorial de la nación”, mientras el silencio, la indiferencia o la legitimación fue la respuesta mayoritaria cuando se mermaban derechos o se adulteraba el parlamentarismo, algún motivo habrá.

Cabría sospechar que algunos tienden a identificar el centro de gravedad del régimen constitucional español con la unidad estatal y nacional, mientras otros lo sitúan de modo preferente en el capítulo de los derechos y libertades. Esto explicaría, además, que estos últimos no se sientan especialmente concernidos por la amenaza secesionista. Preocupados ante todo porque se pueda consultar a la ciudadanía de una nacionalidad, y entendiendo que una hipotética independencia catalana alumbraría otro Estado constitucional, no ven en el secesionismo la agresión a los derechos que sí perciben en la reacción autoritaria del Gobierno.

Sin embargo, no se trata ahora de censurar un silencio pasado. Importa más calibrar si las advertencias sobre el vaciado constitucional se han cumplido. Porque es posible que se haya venido a reclamar el cumplimiento de la Constitución en el momento en que, irreversiblemente desmejorada, ha perdido buena parte de su anterior vigencia cultural.

Que dato tan fundamental haya podido pasar desapercibido, tiene su explicación. Formado en un periodo de estabilidad, el constitucionalismo actual ha tendido a identificar la Constitución con la suma de sus preceptos y su desarrollo jurisprudencial. Ha sido propenso a tratarla en términos epistemológicos como una ley. Y ha olvidado lo que los juristas de entreguerras, cuando nació el sistema constitucional moderno, tenían siempre presente: las delicadas condiciones culturales y éticas que son indispensables para la vigencia del propio constitucionalismo. Descuidando su conocimiento, quizá hayan negligido también su cultivo y protección.

Es evidente que los independentistas incumplen la Constitución vigente. De hecho, su aspiración es remplazarla por otra por medios revolucionarios. Lo dudoso y aún por demostrar es que esa pretensión se oponga sin más a los valores del constitucionalismo. Sí lo hace, en cambio, aquella otra que preconiza “la humillación de los secesionistas” como “un momento de pedagogía”, como el escarmiento público necesario para salvaguardar “las instituciones democráticas y la unidad de la nación española”.

25/09/2017

https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2017/09/25/constitucional-manifiestos-a

cademicos-contra-referendums/

                                                 

                                                 

Manifiesto contra el referéndum catalán

El manifiesto de la desfachatez y postdata sobre un manifiesto de 243 universitarios
25/09/2017 | Ramón Zallo

 

El manifiesto contra el referéndum catalán “1-O estafa antidemocrática. No participes. ¡No votes!” suscrito por unas mil personas de izquierda –buena parte vinculada a la órbita del PSOE- ha tenido su contrapunto en otras iniciativas que dicen exactamente lo contrario, defendiendo su legitimidad: las Diadas multitudinarias; 1500 profesores de todo el mundo que han firmado otra declaración; la plataforma “Madrileños por el derecho de decisión”; las 32 000 personas que nos manifestamos en Bilbao el pasado 16; o las 1640 firmas que recabamos en Euskal Herria a favor del referéndum del 1-O en activism.com

No repetiré los argumentos que publiqué aquí mismo el 5-9-17 (“En apoyo al referéndum de Catalunya” http://www.vientosur.info/spip.php?article12973) pero la denuncia de la convocatoria del referéndum desde ese manifiesto en términos de “fraude” o “estafa antidemocrática”… con su texto autoritario, tramposo y superficial, me ha producido vergüenza ajena. Busca deslegitimar el procés agarrándose a la inevitable forma acelerada que ha tenido que adoptar en sede parlamentaria catalana la Ley de Referéndum y la Ley de desconexión para poder sortear la espada de Damocles represiva del Estado (Gobierno y Tribunal Constitucional a su servicio) que se cernía sobre cualquier consulta.

Si tanto se quejan del forzado procedimiento express lo lógico es que hubieran exigido diálogo y facilidades al Estado para que el pueblo catalán hiciera con comodidad sus deberes. Y sin embargo no hay referencia crítica alguna al Gobierno Rajoy sobre cómo ha gestionado el caso catalán (con amenazas y represión). Silencian que son el Estado y su gobierno quienes impiden consultar desde hace años, forzando un choque de legalidades, obligando a una convocatoria unilateral -puesto que en otro caso no se celebraría- y sustituyendo la perspectiva político-constitucional por el Código Penal, como dice Pérez Royo.

El manifiesto toma el rábano por las hojas y culpabiliza a la víctima por recurrir a la legítima defensa. Ninguna referencia al derecho que le asiste al pueblo catalán a pronunciarse. Lo razonable es que hubieran defendido, antes y ahora, el derecho a consulta –para votar que No, por ejemplo- con plenas garantías democráticas facilitadas por el propio Estado y con el compromiso de respeto a sus resultados como en Escocia o Quebec. Y sin embargo atacan a quienes quieren el cambio del régimen del 78 –ya se vote sí o no- y que abriría la oportunidad para la democratización real de la propia España y el avance general en derechos sociales hoy negados.

Al fondo ni siquiera hay un choque de legitimidades, puesto que la legitimidad catalana basada en el mandato popular reiterado como nación y como electorado, contrasta con la ilegitimidad autoritaria estatal que avalan estos firmantes.

Ni se desmarcan de la apuesta represiva de Rajoy. No le dicen que en ningún caso recurra al 155 de la Constitución; y con su silencio cómplice le dan patente de corso para todo lo que haga en adelante.

Diciendo ¡No votes! están diciendo ¡No a la democracia! por razones no confesadas: porque el Estado no lo quiere; porque la democracia española no alcanza hasta ahí y porque la foto finish de voto por la independencia es inasumible.

En efecto la negativa a consulta decisoria alguna -ahora ni nunca- es la implícita posición central del manifiesto cuando apunta a un “futuro común libremente (sic) elegido en el marco de una España plural”, o sea, que no se ponga nunca en cuestión la unidad de España, no pudiendo ser una opción la independencia de ningún territorio.

En suma, es un manifiesto nacionalista español o, al menos, patriótico excluyente, que apuesta en este tema central por una alianza con Rajoy al poner por encima de todo la patria española. Pero además es tan autoritario e intolerante que se formula a costa de negar tanto una democracia integral como que otros puedan tener sus propias patrias. ¡Españoles a la fuerza! Con esa posición están invitando a un enfrentamiento entre pueblos en lugar de defender los derechos democráticos de todos, de unos y otros.

Tendrían que preocuparse de la mayoría española que vota PP en lugar de arremeter contra una sociedad que mayoritariamente pone en cuestión el modelo de Estado haciendo los deberes que la izquierda española no ha hecho estos años: la ruptura democrática o una segunda transición. La apuesta catalana debería haberles motivado a hacer lo propio en España y no a ofender el sentido democrático catalán a años luz de la cultura política española del bipartidismo.

A diferencia de la plataforma de “Madrileños por el derecho a decidir” que sigue la tradición de la izquierda que en los 70 defendía la autodeterminación de las naciones históricas, este otro manifiesto solo muestra el nivel de degeneración política de una parte de esa izquierda aliada en lo sustancial con la rancia derecha. ¡Pena!

18/09/2017

POSTDATA

Cuando creía insuperable la deriva del “manifiesto de la desfachatez”, días después, la sobrepasó y de largo el manifiesto que cabe llamar “de la estaca” marcado por el inconfundible sello de los Savater, Juaristi, Uriarte… pero firmado también hasta por 243 colegas “de universidades españolas sobre la situación de Catalunya” (17-9-17).

Es muy grave. En plena ofensiva represiva del Gobierno Rajoy contra el derecho de decisión y contra las instituciones catalanas llamaban irresponsablemente a la confrontación social y al Gobierno a que emplee:

“todos los medios constitucionales sin excepción para salvaguardar las instituciones democráticas y la unidad de la nación española consagrada en nuestra Constitución, impidiendo la celebración de un falso “referéndum” ilegítimo e ilegal, poniendo a disposición de la justicia a los responsables de este atropello a la democracia y haciendo que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. En consecuencia, pedimos también a los partidos políticos y a la sociedad civil que respalden una acción estatal absolutamente necesaria para una convivencia pacífica y democrática”.

Tres días después (20-9-17), para satisfacción de los firmantes, se aplicaba el engorroso art 155 de la CE sin declararlo oficialmente, a modo de estado de excepción tan expreso como encubierto: la Guardia Civil entraba en la Generalitat deteniendo a 14 cargos y funcionarios e incautando material y el Ministerio de Hacienda intervenía la caja catalana suspendiendo de facto la autonomía. Sin embargo la reacción cívica –con la que no contaban- fue ejemplar defendiendo las instituciones catalanas.

Curiosamente, dos días después de dicho manifiesto y a pesar de él, el PSOE, viendo las orejas al lobo y por razones estéticas, rechazaba en el pleno del Congreso de los Diputados (19-9-17) la proposición no de ley propuesta por C’s y apoyada solo por el PP “de apoyo institucional al Estado de Derecho en Catalunya”. Ello sin perjuicio de que siga avalando todo lo que haga el ejecutivo Rajoy al respecto. El disgusto por esa posición oficial de quienes se mueven en la órbita del PSOE -y son bastantes del Manifiesto- habrá sido notable y, en cambio, los ex-UPyD y peperos firmantes estarán encantados de haberles llevado a sus colegas a un huerto inédito que cabría definir como “antes una España Negra que Rota”.

La posición de PP y C’s encaja de pleno en este manifiesto de mamporreros del régimen del 78, que solo pide medidas represivas al estilo de “muerto el perro se acabó la rabia”, sin perjuicio de que en nombre del Estado de Derecho se carguen al Estado de Derecho mismo. No conciben otra democracia que la demediada de la Transición ni otro Estado de Derecho que el pactado en su día con los fugados del bunker. Lamentablemente se ha consumado la alianza con la rancia derecha de algunos rojos de antaño que al final de su carrera han vendido su alma al diablo del Poder en el ara del “todo por la patria” del patriotismo excluyente.

Se acabó la edad de nuestra inocencia. Ahora sabemos que nuestros colegas, convertidos ya en Aparato Ideológico del Estado –ahora va a resultar que el simplista y denostado Althusser tenía razón en última instancia- proponen que nos manden a la cárcel a quienes persistamos en el soberanismo, en el derecho a decidir y lo ejerzamos. Al parecer el lema “Él nunca lo haría” (de la campaña contra el abandono de canes) no tiene reciprocidad. Ellos sí lo harían. Un antes y un después.

21/09/2017

Ramón Zallo. Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

                                                 

                                                 

Referéndum del 1-O en Catalunya

Dias decisivos
25/09/2017 | Josep Maria Antentas

1. Tras cinco años de eterno procés, en el que la grandilocuencia gestual de sus actores era proporcional a la extraordinaria lentitud de los hechos y a su voluntad constante de evitar un choque decisivo con el Estado, hemos entrado al fin en el momento de la verdad. No en el capítulo final de la película, pero sí en un pasaje cardinal para determinar el desenlace. “El proceso terminó, ahora empieza el Mambo”, resumió la CUP en una feliz expresión esta mutación de la situación. Un mambo que, no olvidemos, debería haber empezado en 2014 si el gobierno de Artur Mas no hubiera hecho marcha atrás a las primeras de cambio en noviembre de aquél año cuando renunció a intentar realizar el referéndum (“consulta”, en el lenguaje de la época) tras su prohibición por el Tribunal Constitucional. Elección equivocada que, sorpresivamente, apenas encontró resistencia alguna entre los otros actores del proceso (con la excepción inicial de ERC) que no han hecho balance público alguno de ello ni explicado las razones del rodeo a ninguna parte de estos tres últimos años[1]

2. La aprobación de la Ley del Referéndum el pasado 6 de septiembre marcó un punto de no retorno crítico. Desde entonces, oficialmente Catalunya entró en una situación de doble legitimidad, de una dualidad de legitimidades (y legalidades) en colisión que, por naturaleza, sólo puede ser temporal hasta decantarse definitivamente hacia una de ambas. Ello dibuja el escenario de un muy asimétrico, balbuciente y desigual doble poder institucional (el poder de las instituciones del Estado y el de las catalanas autosituadas fuera de la legalidad del mismo). Conviene remarcar absolutamente lo de “muy asimétrico, balbuciente y desigual” para entender bien la coyuntura y no pensar que esto es un choque entre poderes equivalentes o parecidos. Hay una desigualdad entre ambos capital. “Entre derechos iguales es la fuerza la que decide” escribe Marx en el capítulo VIII del primer tomo de El Capital, dedicado al análisis de la jornada laboral[2].Olvidar este factor conllevaría visiones ingenuas e ilusorias de la naturaleza del Estado (no del español en concreto sino del Estado moderno capitalista en general). A la vez, es preciso remarcar que la “fuerza” no puede separarse de la legitimidad del poder que la utiliza y del contexto político en que opera. Legitimidad y contexto determinan el grado en que dicho poder puede utilizarla. Y ambos no son variables fijas sino que evolucionan con los acontecimientos. La fuerza bruta y la fuerza política en un sentido más amplio se entremezclan en permanencia.

3. Cualquier movimiento debe ser capaz de definir el mundo y las situaciones en términos favorables a sus intereses, transmitir confianza en sus posibilidades de victoria y en la creencia de que sus objetivos son asequibles. En la narrativa del movimiento independentista se ha utilizado habitualmente el término desconexión para visualizar el proceso de materialización unilateral de independencia. El concepto tiene una agradable tonalidad placentera, alejada de estridencias y tensiones. Ahuyenta cualquier sensación de conflicto e inseguridad. En este sentido ha jugado, seguramente, un papel importante en hacer creíble el horizonte estratégico independentista. Pero al precio de simplificar enormemente el análisis de la complejidad de su proyecto y de lo que supone enfrentarse a un Estado. La idea de desconexión nos remite al indoloro apagado de un circuito eléctrico. Hay una conocida escena del filme 2001: una odisea en el espacio de Stanley Kubrick que ilustra muy bien cómo desconectar(se) de un poder superior. Acontece en la parte de la película “Misión a Júpiter”, situada en el año 2001 cuando el Discovery se dirige al gran planeta gaseoso. Tras comprobar anomalías en el comportamiento de HAL 9000, el superordenador encargado del control de la nave, los astronautas Dave Bowman y Frank Poole planean desconectarlo. Tras la muerte de Poole como resultado de la acción de HAL, Bowman consigue acceder a la sala donde se encierran los circuitos centrales de la máquina y poco a poco va desactivando a la computadora que va perdiendo paulatinamente la conciencia, retrocede a la infancia y termina, antes de apagarse, cantando una canción infantil, Daisy Bell. El gran Leviatán que controlaba la nave, un humanizado super-ordenador, ha muerto[3].

Contrariamente a esta imagen, en realidad no es posible desconectarse de un Estado. Acaso es posible romper con él tras un enfrentamiento. La idea de desconexión, paradójicamente, aunque es muy distinta recuerda en este punto a las teorías del éxodo a la Negri que estuvieron muy en boga en las dos décadas anteriores, pero en este caso propugnando un éxodo no para crear espacios no estatales liberados, sino para crear otro Estado. Sin embargo, no existe una desconexión placentera de un Estado contra su voluntad. Puede existir, más allá de los casos dirimidos por un choque militar, una ruptura como consecuencia de un intenso tira y afloja y de enfrentamientos político-sociales de masas determinantes que, entremezclados con la geopolítica internacional, fuercen una aceptación, por parte de un Estado, de un desenlace democrático de la contienda contrario a sus intereses. Pero todo esto tiene muy poco que ver con el imaginario estratégico con el que ha jugado el independentismo hasta ahora. De ahí la importancia capital de lo que acontece estos días. De lo fundamental que resulta que el gobierno catalán y sus aliados sigan adelante hasta el último aliento. Y de lo imprescindible que deviene la entrada en escena de la movilización popular sostenida a modo de desborde ciudadano.

4. El movimiento por la independencia se ha caracterizado por una masividad y constancia imponentes. Bajo la batuta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) desde 2012 se ha expresado regularmente cada 11 de Septiembre con manifestaciones metódicamente planificadas a las que les seguía un intervalo de muy poca presencia callejera hasta la cita del año siguiente. Detrás de cada 11S hay una organización por debajo real, en cada pueblo y barrio, aunque absolutamente dependiente de la dirección política de la propia ANC (y en menor medida de Òmnium). En estos cinco años el movimiento ha tenido muy poca capacidad espontánea por abajo y de desborde de las propias organizaciones que lo dirigen. Y ello ha pesado negativamente en varios momentos. La imposibilidad de generar ningún tipo de presión más allá de la oficialmente realizada por la ANC las semanas previas a la consulta del 9N, para impedir tanto la actuación del Estado como la marcha atrás del gobierno catalán, es el ejemplo más claro. Los acontecimientos del pasado 20 de septiembre (20S), ante la intensificación brusca de la escalada represiva del Estado, marcan una cambio drástico de ritmo y de lógica. El movimiento ha tomado una dinámica relativamente más punzante, vital, y electrizante; más enfocada a la movilización sostenida. Una nueva fase compatible con el inteligente énfasis estratégico en la no violencia que lo caracterizó desde sus inicios. ANC y Òmnium juegan un rol de liderazgo de lo que sucede estos días, pero su estilo es mas favorable a una movilización contenida que al desborde ciudadano desde abajo y esto resta punch en los instantes cardinales. El gran reto de las próximas jornadas es, precisamente, cómo combinar el liderazgo, que nadie cuestiona, de estas dos organizaciones con la necesaria quinceemerización explosiva del movimiento. Todavía no podemos valorar el alcance de la respuesta que arrancó el pasado 20S. Está claro que ha sido muy importante y cambió la tonalidad de ambiente. Pero puede estabilizarse ahí o ser la lanzadera de un estallido general previo al día 1, o durante éste si hay nuevas acciones represivas.

5. En esta coyuntura clave, emerge con fuerza el límite político fundamental de todo el proceso independentista: haber disociado la propuesta de Estado propio de un plan concreto de emergencia social y regeneración democrática. En otras palabras, su desvinculación con el legado, el significado y la agenda de lo que fue el 15M en 2011. Ambos movimientos han galvanizado y representado a partes distintas del pueblo de Catalunya. El pueblo de las plazas de 2011 no es el mismo que el pueblo del procés, el pueblo del proceso independentista. Aunque haya importantes solapamientos parciales que no pueden olvidarse. Hacerlo, implicaría una lectura demasiado maniquea de la realidad.En Catalunya parte de las clases medias y la juventud precarizada se escoraron hacia el 15M y hacia las opciones políticas que nacieron gracias a él (Podem, Catalunya en Comú). Otra parte se acabó decantando hacia el independentismo (en sus diversas variantes). Y, claro está, otra ha ido basculando entre ambos siendo un débil engarce entre esta bifurcación de futuros que encarnan el independentismo y el 15M y su legado. Pero el 15M, más allá de su componente de juventud estudiantil precarizada y del papel primordial de las clases medias golpeadas por la crisis, tuvo también una dimensión barrios, un componente popular y trabajador en una época de descomposición del movimiento obrero como tal. Es ésta la principal ausencia del proceso independentista. Este es el telón de Aquiles cardinal del movimiento, que se ve lastrado por la debilidad en su seno de un sector social fundamental tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, tanto numérico como estratégico. Y, sobra decirlo, ha sido la principal fuente de controversias y quebraderos de cabeza de todas las familias de la izquierda catalana (utilicen o no dicho concepto para definirse), tanto si están dentro del proceso independentista como si están fuera. Tan erróneo resulta minimizar dicho problema o aparentar que no existe, como a veces ha tendido a hacer excesivamente el independentismo de izquierdas, como utilizarlo como pretexto para permanecer fuera del movimiento abierto en 2012 y, con ello, acabar en realidad haciendo más grave el problema, como ha hecho el mundo de Catalunya en Comú.

En este sentido las diversas iniciativas desplegadas estos días por algunos sectores del movimiento sindical, en paralelo al activismo social alternativo, resultan particularmente importantes: desde la decisión de los estibadores del muelle de Barcelona de no asistir a los barcos que albergan a los agentes de la Guardia Civil desplazados desde otros lugares del Estado, hasta el anuncio de una convocatoria de Huelga General (por muy propagandística que sea) para el 3 de octubre por parte de varios sindicatos minoritarios.

6. Nacida formalmente en marzo de 2012, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se dotó de una hoja de ruta estratégica hacia la independencia basada en la construcción de un movimiento transversal y plural articulado exclusivamente en torno al objetivo de la independencia. Este independentismo puro y simple tuvo una innegable capacidad de agregación, aunque era en sí mismo un límite estratégico fundacional para el nuevo movimiento, tanto desde el punto de vista de su objetivo declarado (la independencia) como desde el punto de vista de la utilidad de éste para abrir las puertas a un cambio social y democrático (un objetivo formalmente compartido por muchos de los integrantes del movimiento). Retrospectivamente, sin caer en la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, no está de más preguntarse como hubieran sido las cosas si el movimiento hubiera acompañado la consigna de independencia en 2012 con un programa de emergencia social y regeneración democrática básico. La respuesta es clara: la derecha catalanista y el gobierno de Artur Mas se hubieran sentido aún más incómodos con el tsunami independentista pero no hubieran podido desmarcarse de él; y los apoyos al procés se hubieran ampliado por su lado popular y trabajador. Para las organizaciones políticas tradicionales de izquierda (y a partir de 2014 las nuevas que llegaron) y los sindicatos habría sido muy complejo permanecer ajenos al mismo[4]. Obsesivamente preocupados por no perder a la derecha catalanista por el camino, los impulsores del movimiento independentista en sus prolegómenos no prestaron suficiente atención a la necesidad estratégica de asegurarse la participación en él de la izquierda política y social no independentista. Pero más que utilizar dichos límites fundacionales de la dinámica abierta en 2012 como justificante de una política pasiva es más estratégico emplearlos como estímulo para relacionarse activamente con ella y contribuir a reducir en su seno el espacio de la derecha. La política de expectación inerte olvida, además, otra cuestión decisiva: un momento de intensificación del enfrentamiento entre el Estado y el independentismo como el que acontece estos días es también una coyuntura clave para intentar desplazar la correlación de fuerza en su seno hacia la izquierda, de intentar que los sectores más combativos ganen protagonismo en un escenario en el que las fuerzas de orden dentro del independentismo se mueven peor que aquellas rupturistas, con la CUP a la cabeza.

7. En torno a la cita del 1-O se juegan dos cosas: el ejercicio del legitimo derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y el futuro del Régimen de 1978. Hay dos batallas en una que se cruzan y se retroalimentan desde su propia autonomía. No pueden disolverse y fusionarse sin más, pero tampoco separarse completamente en términos estratégicos. Ahí es donde pueden converger parcialmente los intereses del independentismo y de las fuerzas de ámbito estatal (y sus aliadas catalanas) partidarias de una ruptura constituyente con el régimen de 1978. El independentismo catalán no ha dado desde 2012 la suficiente importancia a la búsqueda de aliados estatales, pero el incremento de la represión del Estado ha provocado un tardío cambio de actitud. Las muestras genuinas de solidaridad procedentes de fuera de Catalunya han pasado a ser muy bien consideradas y apreciadas, aunque su potencial estratégico se ha visto demasiado tarde y sigue sin estar bien integrado en la política global del movimiento. Por su parte, las iniciativas de ámbito estatal que Unidos Podemos y Catalunya en Comú están impulsando, como el encuentro de cargos públicos del pasado domingo 23 en Zaragoza, tienen el mérito de denunciar claramente la represión y el golpe de mano del Estado en Catalunya. Su insistencia en la necesidad de un referéndum acordado con el Estado sirve para defender la legitimidad del derecho a la autodeterminación. Pero la propuesta nace amputada de todo potencial estratégico al hacerse desconectada de un apoyo real al 1-O. Se falta así a la cita del presente en nombre de una incierta propuesta para el futuro y se proyecta un mensaje de ambigüedad y titubeos en un momento crítico, como si lo que ocurra ahora no vaya a tener repercusión alguna para el día después. La escalada represiva ha acentuado la conexión entre el proceso independentista catalán y la crisis de régimen. La cuestión democrática, si el Estado va a más en su lógica autoritaria, puede ser la palanca para hacer bascular la opinión pública española. Ello facilitaría la ampliación de la solidaridad política con Catalunya por parte de las fuerzas políticas y sociales del Estado español y su aprehensión estratégica del potencial de los acontecimientos catalanes para una ruptura(s) constituyente(s) con el marco de 1978. Pero la cuestión democrática si se despliega en toda su profundidad, implica para las fuerzas políticas y sociales del Estado español la correcta comprensión de la cuestión nacional catalana.

8. La intensificación de las medidas represivas y el tensionamiento de la situación política pone de manifiesto una vez más la endeblez de la posición adoptada por Podemos y Catalunya en Comú respecto al 1-O, al apoyarlo como una movilización legítima pero sin reconocerlo como referéndum ante la falta de garantías formales necesarias. No tiene sentido alguno embarrancarse en un debate apriorístico sobre si el 1-O carece o no de garantías. Esto se verá si al final llega a celebrarse. La cuestión decisiva es comprender, como por desgracia no hicieron Catalunya en Comú y Podemos, la necesidad de ir a por todas, tanto si se piensa que es posible realizar un referéndum en contra de la voluntad del Estado como si se cree que en estas condiciones no se irá más lejos que de una movilización. Es el compromiso, por parte del Gobierno catalán y sus aliados políticos y sociales, en intentar realizar el 1-O sea como sea lo que ha desencadenado la actual crisis política. Es la determinación de las partidarias del 1-O lo que la intensifica. Decretar de antemano que el 1-O es una mera movilización y no poner toda la carne en el asador para que salga bien desactiva de entrada su potencial como elemento precipitante de una crisis política e institucional determinante. Es por ello que las tibiezas acerca de la cita del 1-O muestran no sólo dudas hacia el proyecto independentista sino una pérdida de fuelle del perfil constituyente y de ruptura de Unidos Podemos y Catalunya en Común[5].

Días decisivos, pues. Días de septiembre que estremecen a la sociedad catalana y española. Días de septiembre a los que, sin duda, seguirán otros intensos días de octubre.

25/09/2017

Josep María Antentas,profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), forma parte del Consejo Asesor de viento sur

[1] Analizo más en detalles la trayectoria del proceso independentista y de la propia idea del “referéndum” en: Antentas, Josep Maria (2017). “El referéndum y sus vidas anteriores”, 19 de Junio. Disponible en: http://vientosur.info/spip.php?article12720

[2] Marx, K. (2000[1867]). El Capital. Madrid: Akal.

[3] Puede verse la escena en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=an8_D73m2rE&spfreload=10 ; la escena y los conflictos de HAL y la tripulación son una reflexión sobre la inteligencia humana y la artificial, los límites de mabas, y la relación entre humanos y máquinas.

[4] Para una ampliación de estos argumentso ver: Antentas, Josep Maria (2015). “Tribulaciones y atolladeros del proceso independentista”, Público, 2 de Marzo. Disponible en: http://blogs.publico.es/dominiopublico/12734/tribulaciones-y-atolladeros-del-proceso-independentista/

[5] Analizo con más detalle la política de Catalunya en Comú y Podemos en: Antentas, Josep Maria (2017). “”Los Comunes y sus dilemas”, 11 de Septiembre. Disponible en: http://vientosur.info/spip.php?article12985

                                                 

                                                 

Referéndum del 1-O en Catalunya

Y si nos impiden votar, ¿qué hacemos?
26/09/2017 | David Caño y Marc Casanovas

Detenciones, registros en sedes de Consejerías, en periódicos, imprentas, intervención de las cuentas de la Administración catalana, amenazas de penas por sedición, prohibición de actos, de libertades civiles básicas como la reunión y la expresión, desembarque por tierra, mar y airede fuerzas del orden … A estas alturas es evidente que la escalada represiva del Estado ha dado un salto cualitativo y nos encontramos ante la aplicación del 155 de facto vía Consejo de ministros. Pero también las movilizaciones en defensa del 1-O han experimentado un salto cualitativo. El 20 de septiembre (20-S) la calle volvió a tomar la iniciativa con unas movilizaciones masivas que, por su carácter espontáneo y sus elementos de autoorganización, más allá del repertorio habitual de la sociedad civil institucionalizada, algunos ya empiezan a llamar el 15- M soberanista.

Ante el estado de excepción de facto que se ha impuesto desde el Estado, será fundamental preservar y potenciar estos elementos heterogéneos, de autonomía y de autoorganización, que se han empezado a activar al margen del repertorio habitual que hasta ahora canalizaba el grueso del Proceso. Sera fundamental para poder votar el 1-O y también para evitar un cierre restaurador de la crisis por arriba. Si a pesar de la movilización de la gente en defensa de las urnas se nos impide físicamente votar este 1 de octubre, la respuesta no puede ser otra que tomar las calles y paralizar el país, es en este sentido que se plantea convocar una huelga general y social para el 3 de octubre. Tres sindicatos IAC, COS y CGT ya han realizado los preavisos necesarios.

La huelga general como opción

Necesitaremos ser muchos / as para conseguir votar este 1 de octubre, sólo con la activación popular masiva podremos garantizarlo, y aun así será difícil. El Gobierno ya ha demostrado estos últimos días que ninguna imagen a escala internacional los condicionará para impedir el referéndum y que están dispuestos a todo. Si han entrado en la sede de la CUP sin orden judicial, y también han ocupado los departamentos y detuvieron personas … ¿Por qué no deberían entrar a retirar las urnas este 1 de octubre?

Por eso la huelga general y social no debe ser sólo una movilización de respuesta que manifieste el malestar y denuncie la represión, sino que es el instrumento que permitirá preservar este carácter heterogéneo y de autoorganización popular que ha comenzado a manifestarse este 20-S. La entrada en escena y el protagonismo del mundo del trabajo tiene un carácter estratégico en un doble sentido: permite interpelar y ampliar la base social de este proceso a la vez que amplía y potencia los elementos de autoorganización desde abajo del movimiento. En la medida que esto ocurra y el mundo del trabajo y los movimientos sociales se pongan, a través de una huelga social general, al frente de la defensa del derecho a decidir del pueblo catalán, también el ámbito de las soberanías y del derecho a decidir se ampliará. Y la agenda social de estos movimientos y estos sectores populares comenzará a tener una fuerza constituyente si encabezan la lucha. Esto es fundamental para empezar a construir y visualizar una nueva correlación de fuerzas en el campo soberanista ante la agenda constituyente neoliberal de Junts Pel Sí.

Sería en este contexto de huelga general y movilización en la calle cuando se debería exigir un gesto al presidente Puigdemont y no es otro que la proclamación de la República Catalana y la apertura de un proceso constituyente. Proclamar la República en un contexto de huelga general, acompañada del apoyo de más de un 80 % de alcaldes que en estos momentos también están amenazados por el Estado español, podría tener una enorme fuerza catalizadora que hiciera precipitar la crisis de régimen aquí y en todo el Estado.

Las movilizaciones de solidaridad que hemos visto estos días, desde Madrid a la Coruña, pasando por Andalucía o el País Vasco, no hacen impensable que ante el estado de excepción y la involución de libertades que tienen un efecto evidente en todo el Estado, se activaran huelgas solidarias y movilizaciones masivas con el apoyo activo de los ayuntamientos del cambio y las demás fuerzas progresistas del resto del estado que han estado defendiendo el derecho a un referéndum en Catalunya.

La República Catalana no sería una DUI sino que, como el referéndum, representaría mantener efectiva la ruptura con la legalidad del Estado a través de un mecanismo mucho más integrador y democrático que la DUI. Ésta es el terreno común en el que se encuentran las fuerzas soberanistas, independentistas y no independentistas, que reconocen el carácter soberano del pueblo de Catalunya. La República Catalana que debería definirse en el marco del proceso constituyente (también su relación con el resto de pueblos de España desde su libre decisión) se proclamaría, por tanto, en un contexto donde las clases trabajadoras y populares se encontrarían comprometidas y movilizadas o interpeladas desde los municipios y en un escenario de huelga general. Evidentemente, el Estado no se quedaría de brazos cruzados y aumentaría la represión. Pero la proclamación de la República sería la proyección más lógica para mantener el pulso con el Gobierno de una forma masiva y democrática después de que se nos haya impedido repetidas veces un referéndum pactado y se haya bloqueado por la vía de la fuerza el referéndum unilateral.

La convocatoria de elecciones con lista única como derrota

La otra posibilidad es que, si se nos impide el referéndum, y más allá de si hay o no huelga general, que estamos convencidos de que tendría que haberla, el gobierno quiera convocar elecciones y proponer una lista única y con la DUI como único punto. Este escenario, nos llevaría a la derrota. Por un lado, porque nos devuelve a la legalidad española (convocatoria de elecciones autonómicas) y, por otra, nos volveremos a encontrar con una lista de los comunes que, sin posicionarse en estos términos, y por tanto sin que se les pueda computar en ninguna de las dos opciones, nos volvería a llevar a una mayoría de escaños independentistas, pero no a una mayoría de votos (volvemos al principio, bucle, el día de la marmota). Con el agravante de una CUP integrada dentro de una lista única.

Por lo tanto, y más allá, de movilizarnos, de exigir la libertad de las personas presas y de organizarnos para defender el referéndum, hay que empezamos a pensar qué haremos si no podemos votar, y eso no se puede improvisar- ni lo podemos fiar a un pacto entre partidos y los líderes de las entidades soberanistas.

Nunca habíamos tenido la libertad de nuestro pueblo más cerca, un escenario de crisis de régimen que pueda abrir procesos constituyentes aquí y en todo el Estado tan cerca, con lo que esto puede significar también para Europa. En los próximos días tenemos la posibilidad de que las fuerzas constituyentes de derechos sociales puestas en marcha por el 15-M y el proceso independentista se encuentren aquí y se activen en todo el Estado en defensa de la democracia ante la involución represiva (ya hemos visto vistas en los últimos días). Pero el principio unificador de la represión no es mecánico, hay que activar las subjetividades antagonistas de los de abajo e intervenir activamente sobre la actual crisis. Hay que exigir de forma bien clara y convertirlo en un aviso hacia el gobierno español: o nos dejan votar o convocaremos una huelga general y social que acabará con la proclamación de la República Catalana.

La crisis de régimen de España abre una posibilidad emancipadora para todos aquellos sectores populares que estamos sufriendo las políticas austeritarias estos años y es también una defensa efectiva de la democracia y el derecho del pueblo a decidir su futuro. Todo ello irá ligado necesariamente a que los sectores populares seamos los protagonistas de la resolución y, mientras, no dejaremos en casa nuestra agenda social constituyente sino que será nuestra mayor fuerza y el mejor instrumento de ruptura para hacer efectivo este derecho. República Catalana y proceso constituyente son los mejores instrumentos que los y las de abajo tenemos si el 1 de octubre nos impiden votar.

25/09/2017

David Caño es activista y poeta. Marc Casanovas es redactor de viento sur.

http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2017/09/25/i-si-ens-impedeixen-votar-que/

 

                                                 

                                                 

eldiario.e | Referéndum del 1-O en Catalunya
El 1-O, la oportunidad para la Transición que nunca fue
26/09/2017 | Albert Noguera

Durante estos últimos días, el Gobierno del Estado repite, constantemente, que el referéndum catalán vulnera los derechos de los españoles y la democracia. Creo, más bien, que es todo lo contrario. Al margen de lo que ocurra el 1-O, lo único cierto es que este día constituye una oportunidad, sin precedentes en lo últimos cuarenta años, para garantizar más derechos y construir más democracia en todo el Estado. Y explico por qué.

La Constitución de 1978 incorpora una lista de derechos. Sin embargo, nuestras vidas cotidianas están llenas de situaciones en las que éstos son total o parcialmente ineficaces. A grandes rasgos, podemos diferenciar, en España, dos factores de desactivación de la eficacia de los derechos constitucionales: un factor extraconstitucional y uno intraconstitucional. Entender el elemento de desactivación intraconstitucional de los derechos permite ver, claramente, porqué el 1-O abre una oportunidad democratizadora.

Los factores extraconstitucionales de desactivación de derechos. No creo necesario detenerme es este primer elemento. Es, de sobras, conocido. Uno de los principales factores externos de desactivación de derechos constitucionales ha sido y es el modelo neoliberal de UE. Creo que no hay duda de que la imposición de los llamados mecanismos de gobernanza económica europea, esto es el sistema de instituciones y procedimientos de reducción del déficit público y estabilidad presupuestaria de los Estados establecidos para lograr los objetivos económicos de los tratados de la UE, implica un desmantelamiento y retroceso en la financiación y protección de muchos derechos y servicios públicos.

Los factores intraconstitucionales de desactivación de derechos. Sí creo indispensable detenerme en este segundo aspecto para entender mi argumento. Es común afirmar que la Transición y la Constitución de 1978 no es resultado de una ruptura sino de un pacto entre las élites político-económicas franquistas y las fuerzas políticas democráticas. Cada una de estas dos partes tenía modelos de Constitución distintos que acaban hibridándose en un único texto constitucional consensuado, en cuyo interior coexisten lo que podemos llamar los dos espíritus de la Constitución del 78: un espíritu hegeliano y un espíritu liberal.

El espíritu hegeliano de la Constitución, injertado en ésta por los franquistas, se plasma en el Título preliminar, el Título II, etc. y conforma aquella parte del texto a la que se denomina como régimen del 78. Cuando Hegel habla de Constitución no se refiere a un texto jurídico que reconoce derechos sino a un concepto ético-político como organismo político. De hecho, frente al concepto alemán de “Verfassung” que se usa para referirse a la Constitución como ley superior que garantiza los derechos frente al Estado, Hegel contrapone el concepto de “Konstitution” para designar la Constitución en un sentido no normativo sino institucional, esto es como principio de unificación donde el momento de la sociedad civil se supera en el momento siguiente y superior del Estado-nación. Para Hegel, la Constitución es la institucionalización de una concepción orgánica del Estado, radicalmente contrapuesta a la teoría atomista o contractualista propia de los iusnaturalistas, según la cual la nación era la suma de individuos autónomos titulares de derechos subjetivos. Según Hegel, el Estado es una unión no una asociación. La Constitución es la estructura que organiza la conversión de un pueblo o “totalidad ética” en Estado o “totalidad política”. La Constitución, por lo tanto, como organización del todo es la forma específica en la que las diversas partes que componen un pueblo se constituyen en una unidad superior de destino, diferente del fin del individuo.

Por el contrario, el espíritu liberal de la Constitución, injertado fruto de la lucha democrática anti-franquista, se plasma en el reconocimiento de los derechos propios del constitucionalismo democrático. En la tradición liberal, la Constitución se configura como aquel texto jurídico dirigido a limitar, disciplinar y regular el Poder en defensa de los derechos individuales de los ciudadanos. El centro de la Constitución es la protección de los derechos, inicialmente reducidos a los derechos de libertad individual durante el constitucionalismo liberal, pero que en el siglo XX con el constitucionalismo social se amplían también a los derechos políticos y sociales.

En resumen, como señaló Bobbio, mientras en el constitucionalismo liberal la Constitución es un instrumento de garantía de los derechos contra el despotismo, en la concepción hegeliana la Constitución es un instrumento de garantía de la unidad por encima de las personas y sus derechos.

Cada uno de estos dos espíritus de la Constitución de 1978 (hegeliano y liberal) no opera, en el interior del texto constitucional, como departamentos estancos, aislados el uno del otro, sino que se influyen y limitan mutuamente. El espíritu hegeliano de la Constitución actúa, en muchas ocasiones, como desactivador de la parte liberal de la Constitución. La sacrosanta unidad nacional actúa, a menudo, como justificación “legítima” de la vulneración de derechos. Cuando un juez prohíbe un debate público en Madrid, Gasteiz o Gijón, el espíritu hegeliano actúa como desactivador del derecho liberal a la libertad de expresión. Cuando se prohíbe investigar el paradero de los desaparecidos durante el franquismo y exigir responsabilidad a los culpables, el espíritu hegeliano actúa como desactivador del derecho liberal a la memoria histórica y dignidad de las víctimas. Cuando a la infanta le acusan de robar y es absuelta o la Iglesia está exenta del pago de determinados impuestos, el espíritu hegeliano actúa como desactivador del derecho liberal a la igualdad ante la ley. O, cuando TVE se convierte en un auténtico NO-DO y se cierran otros medios de comunicación que no siguen el discurso oficial, el espíritu hegeliano actúa como desactivador del derecho liberal a la libertad de información.

Existen, en resumen, dos factores que actúan como enemigos o desactivadores de los derechos constitucionales. Uno extraconstitucional (la UE neoliberal) y otro intraconstitucional (el régimen del 78 o espíritu hegeliano de la Constitución) heredado del franquismo. Tumbar cualquiera de estos dos factores sólo puede ser sinónimo de garantizar más derechos y construir más democracia. Y tumbar el segundo es, precisamente, la oportunidad que abre el 1-O.

Como decía, independientemente de lo que pasé el 1-O, lo que sí es seguro es que en los próximos días viviremos, en Catalunya, la rebelión democrática y pacífica más masiva hasta ahora ocurrida en contra del régimen del 78 y, por tanto, del factor intraconstitucional de desactivación de derechos de los todos los ciudadanos del estado. Si los movimientos sociales, organizaciones y ciudadanos del resto del estado son capaces de expandir esta revolución democrática y pacífica re-contextualizando, en sus territorios, la dura represión que va a sufrir la población catalana en una explosión participativa sostenida de solidaridad a favor de los derechos liberales democráticos y la apertura de procesos constituyentes, estaremos ante el inicio del fin del régimen del 78 y ante las puertas de aquellas transiciones que nunca se produjeron en 1978. Para ello, los catalanes necesitan de los ciudadanos del resto del estado y éstos de los primeros. Ayudémonos los unos a los otros.

25/09/2017

http://www.eldiario.es/contrapoder/oportunidad-Transicion_6_690540942.html

 

                                                 

                                                 

naiz.eus | Comunicación y represión
Las redes, campo de batalla del juego del gato y el ratón entre Madrid y Catalunya
27/09/2017 | Joxean Koret

La Guardia Civil se esmera en que las redes no acojan páginas webs que informen sobre el referéndum del 1 de octubre. Hablamos con Joxean Koret, investigador en seguridad informática, sobre estos movimientos y las opciones para superar el veto.

¿Cómo cierran las webs?

“Haciendo lo que denominamos “DNS hijacking”, secuestro de DNS. Básicamente, solicitan a un juez que les permita intervenir un dominio determinado y, entonces, les ‘piden’ a los ISP (Proveedores de Servicio de Internet) como Euskaltel o Telefónica que cambien los DNS de ciertos dominios para que apunten a una web donde aparece el escudo de la Guardia Civil indicando que la web ha sido intervenida. Algunos ISPs pequeños, aparentemente, se han negado a hacerlo”. Joxean Koret subraya que existen otros métodos, como solicitar a la empresa que alberga la web que tumbe el dominio, “sin embargo, para eso han de cometer un delito. Me pregunto qué delitos les podrían imputar a quienes abren un dominio para informar acerca de un referéndum”.
¿Por qué sí se puede acceder desde fuera del Estado español? “Cualquier proveedor de servicios de internet que no se encuentre bajo la influencia del Estado español rechazaría” la presión. “No estamos hablando de grupos criminales que utilicen dichas webs para sus acciones ilícitas, estamos hablando de webs que ofrecen información de un referéndum”.

¿Qué formas existen de burlar el veto estatal?

“Existen muchas”, Koret cita un largo abanico de opciones bastante sencillas pero, quizás, desconocidas para gran parte del público. “La más sencilla es cambiar los servidores DNS a 8.8.8.8. de Google”, algo que podemos hacer de manera sencilla accediendo en nuestro ordenador a la configuración de red y cambiar los números DNS directamente. “Otra opción es utilizar una VPN, como podría ser F-Secure Freedome o cualquier otra gratuita o de pago, para acceder desde fuera del Estado español”. Koret menciona también otra herramienta bastante conocida, Tor, “la gran mayoría de nodos de salida de esta red no se encuentran bajo influencia estatal ni son susceptibles de utilizar servidores DNS que pudieran ser presionados por las autoridades españolas”. En este caso es tan sencillo como descargar la herramienta y acceder a la web a través de ella. Koret añade otras alternativas como “utilizar servidores proxy webs al estilo de HideMyAss”. El investigador cree que “el Estado intenta ponerle puertas al campo”.

¿Cómo surgen las réplicas?

Tras el cierre de las webs oficiales del referéndum han ido surgiendo réplicas que mantienen el mismo contenido. Koret explica que “simplemente es un copiar-pegar. Lo cierto es que la tarea es trivial. Cualquier persona con unos conocimientos mínimos puede hacerlo”.

¿Y los dominios como marianorajoy.cat? ¿Puede crearlos cualquiera?

“Sí, cualquiera. Sin embargo, hay que ser consciente de que cuando un estado actúa en contra de la libertad de información sin ningún pudor, si registramos un dominio lo hacemos con nuestro nombre y apellidos, y eso puede suponer un problema legal mañana”. Koret cita el registro de la Guardia Civil de un particular en Valencia por “el mero hecho de mantener una copia de la web y tratar de mantener una lista de ‘mirrors’ (copias de la web)”. Esta misma semana han declarado en sede judicial 14 personas por prácticas similares.
Aprovechamos para preguntar a Koret sobre la información publicada esta semana por “El País” en la que se afirmaba que “la maquinaria de difusión de noticias falsas que Rusia ha empleado para debilitar a Estados Unidos y la Unión Europea se ha puesto a funcionar a pleno rendimiento en Cataluña”. ¿Qué fiabilidad le da? “Absolutamente ninguna. No hay por dónde coger dicho invento”.

¿Podría el Estado cortar la conexión de internet el 1-O? “

Puede perfectamente cortar la conexión a internet en toda Catalunya y no me sorprendería que así lo hicieran”, aunque recuerda Koret que debería responder a muchas “preguntas incómodas” ante la Comisión Europea, además de que los observadores internacionales darían fe de esta actuación, “no sería grata para el Gobierno español la crítica que recibirían de la prensa internacional comparándoles, otra vez más, con Turquía”.

¿Alternativas?

“Hay una muy fácil y que está precisamente diseñada para este tipo de ‘eventos’: TOR. Específicamente diseñada para poder resistir ante filtrados webs, secuestros de DNS, bloqueo de dominios, etc”. “Los catalanes están perfectamente preparados” para hacer frente a este reto, según Koret, “no me cabe duda que entre los muchísimos excelentes hackers que tienen ya han previsto todos los posibles escenarios”.

27/9/2017

Joxean Koret. Investigador en seguridad informática.

http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-09-27/hemeroteca_articles/las-redes-campo-de-batalla-del-juego-del-gato-y-el-raton-entre-madrid-y-catalunya

 

                                                 

                                                 

eldiario.es | Entrevista a David Fernàndez
“El problema del Estado español es que no sabe ni ganar ni perder, sólo sabe vencer” (Entrevista a David Fernàndez)
27/09/2017 | Neus Tomàs

Si hay una figura con ascendente sobre el independentismo es el exdiputado de la CUP y periodista David Fernàndez. Pese a que se había mantenido en un discreto segundo plano, estos días ha regresado a la primera fila política para participar en tantos mítines como la agenda le permite, sea compartiendo escenario con el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias (PDeCAT), o con el cantante y amigo suyo Fermín Muguruza.

El historiador Josep Fontana aportaba esta semana la siguiente reflexión: “No digo que esta sea una batalla entre buenos y malos, pero es una en la que es posible que perdamos todos”. ¿Coincide en este pronóstico?

No lo espero ni lo deseo. Comparto siempre muchas de las cosas que dice Fontana porque es una persona a la que siempre hay que escuchar. El dilema al final se ha convertido en escoger entre profundización democrática o involución democrática. Y en involución democrática perdemos todos. Pierden Gràcia y Vallecas, pierden les Terres de l’Ebre y Andalucía. En este sentido entiendo que si hay un retroceso, retrocedemos todos. Se comprueba en ámbitos sensibles como en la libertad de expresión. Interpreto que Fontana quiere decir esto.

En otro ámbito, habría que desterrar las imágenes binarias, la de buenos y malos, la de la Europa de maquis y partisanos. Catalunya es Cambó y el Noi del Sucre, Madrid es Vallecas y el barrio de Salamanca. Hay que prescindir de los planteamientos binarios, aunque también creo que tener claro que las razones son distintas. No es lo mismo la razón de Estado que la razón democrática, la de la libertad catalana. Y espero que gane la razón democrática.

Pero el referéndum también es un planteamiento binario. Es un sí o un no.

Por supuesto, como en todos los referéndums las preguntas son binarias. Ahora resulta que nos lo podemos preguntar todo menos si Catalunya tiene derecho o no a elegir libremente su futuro. La otra cuestión es cómo se llega aquí. Me encantaría que hoy me estuviese preguntando el por qué sí la independencia y por qué no a la independencia, o sea, que estuviésemos en un debate normal, un debate en el que no todo está tan claro.

Porque tú puedes tener un Estado independiente y que sea profundamente injusto. En realidad se trata un debate del sur de Europa, de recuperación de las soberanías políticas y populares. Este es el dilema de Europa. Me encantaría estar asistiendo a una campaña del sí y del no, con sus debates y sus dudas, pero lo que estamos haciendo es un debate sobre democracia sí o democracia no.


La democracia es votar, pero no solo es votar.

La democracia precisamente no es votar cada cuatro años. Es implicarte en el AMPA de la escuela, en la defensa de tu centro de asistencia para defender la sanidad pública… Como diría Jorge Riechmann, una persona a la que quiero mucho, que ve con preocupación lo que pasa en Catalunya y que no es precisamente independentista, la democracia implica muchas tardes libres. Implica dejarte horas en pensar cómo quieres convivir y cómo resistir en un siglo XXI que tiene muchos nubarrones.

¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿Sólo es culpa del Gobierno central?

Las cosas sabes cómo empiezan pero no cómo acaban.


Eso es lo que pasa con las revueltas.

Sí, eso es así. Lo que está pasando tiene ese punto de contingencia. Nadie sabe exactamente qué pasará el domingo pero yo lo único que sé es que habrá colas de miles de personas queriendo votar. Veremos cómo se intenta frenar esta voluntad democrática, con qué grado de violencia institucional, simbólica o física, aunque espero que la física ni exista.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Por la gestión autoritaria del Estado practicada por el PP. Llegan tarde y mal. Esto lo explica mucha gente de las élites catalanas, de los que han ido a llamar a la puerta de La Moncloa, tipo Isidre Fainé o el conde de Godó, diciéndoles ’haced algo porque los catalanes se están yendo’. Y el PP se lo tomó como el suflé catalán.

La política ha sido sustituida por el Código Penal. La libertad política es un delito, el referéndum es clandestino, las urnas están perseguidas y este pueblo es casi ilegal porque acaban de decirle que le persiguen por sedición.

Que haya colas de gente no significa que esa gente pueda votar. Es probable que no haya un referéndum.

Es probable. El único factor que puede invertir las probabilidades es la fortaleza de la gente. No digo la fuerza porque la fuerza es del Estado. Digo la fortaleza de la gente. Habrá escuelas, papeletas y urnas. El recuento que se haga al final del día serán en realidad muchos recuentos. Es muy posible que el Estado devalúe tanto el referéndum que los resultados sean ilegibles. Pero incluso así no es lo mismo que en la calle haya 100.000 personas a que haya dos millones.

¿Entiende que haya gente que esté a favor de votar pero no de hacerlo de esta manera o que tenga miedo?

Yo les entiendo a todos menos a los que dicen que este pueblo no puede elegir libremente su futuro. Estos son mis únicos adversarios políticos. Yo estoy defendiendo este referéndum para que la gente que quiera pueda ir a votar que no. O que quien quiera se abstenga, aunque es obvio que yo votaré sí. Lo que defiendo es que el futuro de esta sociedad lo decide la propia sociedad. Claro que entiendo el miedo.

Nuestro lema es Sense por, pero no es un sin miedo temerario. Al contrario. Es un sin miedo contra el miedo y a pesar del miedo. El problema del Estado español es que no sabe ni ganar ni perder, sólo sabe vencer. A mí lo que me da miedo es que no cambie nada o que ganen ellos. La única opción que nos dejan, por dignidad, es desobedecer. Pacíficamente, desde la resistencia ética de la no violencia.

Diría que eso puede pasar.

Yo creo que ellos ya han perdido. Lo digo con toda la humildad. Perdieron hace siete años. Si se piensan que el día 2, cuando despierten, el dinosaurio ya no estará ahí, están muy equivocados. El qué, la libertad de decidir, la razón democrática está más que ganada. El cómo y cuándo es lo que está por resolver. El domingo nos jugamos cómo será este país en los próximos 10 años.


¿Qué pensó cuando leyó el manifiesto de un grupo de intelectuales de izquierdas reclamando que no se vaya a votar? (Ver http://vientosur.info/spip.php?article13007

Si no me moderase diría que son la barandilla del sistema. Pueden decir lo que quieran, sólo faltaría, pero me parece ruin, mediocre y miserable. Y me parece que no saben quién los ha engatusado porque la UCE [Unificación Comunista de España] está considerada como secta por el Ministerio del Interior. Es un discurso camuflado de izquierda social inexistente. Me parece una operación de Estado.

Usted ha sido uno de los primeros en plantear que será necesaria una huelga general. Una cosa es ir a una manifestación y otra es pedir a la gente que a lo mejor se juega su trabajo, que tiene un contrato precario, a a un autónomo que haga huelga.

Es una huelga en términos sociopolíticos, lo cual es una anomalía y recuerda otros tiempos. Han cambiado muchas cosas, pero la comparación con otros tiempos la hago porque si seguimos así, con representantes del Govern detenidos, con webs clausuradas, con hackers acusados de desobediencia, con asaltos como el que se hizo en una nuestra sede sin disponer de orden judicial… La única forma de parar el golpe del Estado, para no hablar de golpe de Estado, es la calle. No en el sentido tumultuario sino como espacio de ágora pública.


Su foto hablando con un agente de la Policía Nacional a las puertas de la sede de la CUP es una de las imágenes que más se ha comentado. ¿Qué le estaba diciendo?

Me limité a exigirles una orden judicial. Única y exclusivamente. Les recordé que si no la tenían estaban cometiendo un delito y les informé de que la resistencia estaba planteada en términos pacíficos y no violentos. También les dije que entrasen a recoger los coches y que ya les acompañábamos nosotros porque no teníamos ninguna intención de que les pasase nada a los coches. A día de hoy solo lo veo como un intento de provocación, a ver si su tesis de que aquí hay violencia la podían validar. Venían a provocar.

27/9/2017

http://www.eldiario.es/catalunya/politica/David_Fernandez-problema-espanol-vencer_0_690831709.html

 

                                                 

                                                 

Referendum del 1-O

Cuatro tesis sobre la crisis catalana
28/09/2017 | Miguel Manzanera Salavert

Tesis 1: La crisis catalana ha sido provocada por los aparatos de Estado de la monarquía liberal española, con la intención de controlar las consecuencias políticas sobrevenidas por la crisis económica del neoliberalismo.

Lo que sucede en Cataluña estos días no es una causalidad; va mucho más allá del choque de trenes, pronosticado por Anguita, entre dos sectores de la burguesía, española y catalana. La confrontación con el pueblo catalán –no solo con su burguesía-, ha sido directamente buscada por los poderes fácticos del Estado. No se trata de un error de cálculo; aunque el grado de movilización popular de la sociedad catalana es imprevisible, la actuación del gobierno popular parece haber sido planificada en detalle. Esa provocación constituye la suprema dificultad que los catalanes tienen que superar para poder acceder a un futuro digno, en ruptura con el reino de España –subrayo lo de‘reino’, pues no hablo de una ruptura con una hipotética república española, que pudiera resolver pacíficamente la cuestión-.

Los hechos que corroboran esta versión de los acontecimientos políticos en Cataluña son conocidos:

a) el inicio: tras considerar una serie de recursos impulsados por el partido conservador, en el 2010 el Estado español anula una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Como se sabe ese Estatuto había sido: 1) aprobado por el Parlamento de Cataluña, 2) aprobado por las Cortes españolas, 3) aprobado por referéndum de los ciudadanos catalanes, 4) perfectamente asimilable dentrodel orden político de la monarquía liberal.

b) el proceso: la reacción de la ciudadanía catalana fue espectacular con una enorme movilización que culminó con una manifestación de un millón y medio de personas en julio de 2010 bajo el lema somos una nación, nosotros decidimos. Esa movilización no ha dejado de crecer y desarrollarse desde entonces, en las diadas –Día Nacional de Cataluña, 11 de septiembre- y otros acontecimientos políticos, como por ejemplo los referéndums simbólicos promovidos por la CUP. Frente a lo cual el Estado español solo tiene una respuesta: la aplicación de medidas represivas, condenando a los dirigentes políticos de la Comunidad Autónoma de Cataluña con diversas penas como multas desorbitas, inhabilitación para ejercer cargos políticos, detenciones arbitrarias y juicios penales con fuertes amenazas de prisión.

c) la culminación: la negación del diálogo y la ilegalización del referéndum frente a una ciudadanía catalana cada día más críticamente movilizada contra las imposiciones del Estado español;éste, dirigido por su ala más reaccionaria, actúa de modo cada vez más represivo negándose a cualquier solución conciliatoria del problema, que supondría la reforma de la Constitución española de 1978. Al gobierno del PP no le ha importado tensionar el problema catalán, hasta desembocar en la actual crisis de legitimidad de la monarquía liberal entre la ciudadanía catalana, para reforzar así su legitimidad ante el resto de los españoles.

Con estos antecedentes la cuestión más decisiva es ¿por qué ha actuado así el gobierno conservador, incluso poniendo en riesgo la estabilidad política del Estado liberal? La respuesta más obvia es que la estabilidad política del Estado ya estaba en riesgo por la crisis económica y la confrontación con Cataluña es una estratagema para sostener las estructuras monárquicas del poder político.

Tesis 2: Los planes de la oligarquía financiera para España, en sintonía con la deriva autoritaria de las sociedades europeas, tienen como objetivo recortar las libertades y reforzar los poderes represivos del Estado.

Partiendo del principio de que el PP no actúa en nombre propio, sino al servicio de los intereses de la oligarquía financiera internacional, intereses representados en el Estado español por las instituciones de la monarquía liberal, resulta imprescindible entender los planes estratégicos de la oligarquía para poder contrarrestarlos: la actuación del gobierno conservador no es improvisada y caprichosa, sino un plan de actuación política conscientemente diseñado.

Hay una primera intuición obvia: muy profunda tiene que ser la crisis social para que se haya decidido actuar así. Y en efecto, el 15-M mostró que las instituciones del sistema liberal estaban extensamente deslegitimadas, especialmente entre los jóvenes, y se corría el riesgo de hundir el sistema de dominación en el Estado español –máxime cuando procesos similares se extendían por toda el área mediterránea, en el norte de África, en Oriente Medio y el sur de Europa-. El movimiento del 15-M trajo a la arena política una cuestión fundamental en el desarrollo económico del neoliberalismo español: su carencia de futuro, el hecho de haber construido una economía crematística y desequilibrada que se hundía aceleradamente en la miseria, junto con las instituciones políticas y la ideología que la habían sustentado.

Esa clara conciencia se hizo evidente al estallar la crisis económica. Tenemos que señalar las raíces del problema:

a) El modelo económico basado en la desindustrialización del país, promovida por los gobiernos del PSOE a raíz de la entrada en Europa, causa del enorme paro estructural de la economía española –los contratos basura no pueden considerarse una verdadera solución a este problema-;

b) El modelo político funciona mediante la corrupción estructural de la clase política asociada con los empresarios, especialmente en el sector de la construcción urbana, que condujo a la crisis de superproducción en el sector.

El bipartidismo liberal fue denunciado como un sistema político incapaz de afrontar los problemas del país y los ciudadanos entendieron que la corrupción era un obstáculo insalvable para superar la crisis económica.

Una segunda observación evidente: la reacción autoritaria y represiva es típica de la clase dominante capitalista–la oligarquía financiera- en momentos de ruptura del orden social, ha vuelto a ponerse en práctica en el último lustro en todos los países imperialistas agrupados en la OTAN. Lafracción española de esa oligarquía está representada políticamente por la monarquía, que se ha distinguido históricamente por manejar con eficacia el resorte de la represión a través delos aparatos coercitivos del Estado amparados por los aparatos ideológicos, la Iglesia católica especialmente–hoysustituida eficazmente por los medios de comunicación social-.

Dentro del contexto de involución autoritaria del imperialismo, se puede entender la creación del problema catalán como una añagaza táctica con profundas implicaciones estratégicas, que tiene por objetivo hacer aceptable la violencia estatal y fascista de la minoría ultraderechista para la mayoría de los ciudadanos españoles.Amplios sectores del Estado, como el ejército y la judicatura, amén de importantes instituciones privadas como la Iglesia católica, están controlados por las minorías fascistas, y el propio PP tiene dentro una fracción dominante de carácter filo- o para-fascista. La intención evidente de humillar a las instituciones catalanas de autogobierno es una provocación para ampliar y hacer plausible el uso de la represión política, que ya se viene utilizando ampliamente para contener la movilización popular en todo el Estado español.

Una vez resuelto provisionalmente el problema vasco, el Estado español se había quedado sin instrumentos para justificar su política antidemocrática y el recorte de las libertades. La represión contra el movimiento ciudadano –mediante una legislación que limita extensamente las libertades políticas- no ha sido contestada suficientemente por la movilización ciudadana;pero hay que entenderla como una política defensiva de la monarquía liberal, que en la actual coyuntura corre el peligro de quedar enterrada para siempre en el pasado de los pueblos en el Estado español. Las denuncias contra la corrupción han puesto contra las cuerdas a la derecha conservadora –véase el discurso de Irene Montero en la moción de censura contra el gobierno de Rajoy-. El golpe contra Cataluña –el estado de excepción no declarado, pero real en la práctica-, es un intento de pasar a la ofensiva cuando todavía no están completamente deteriorados los instrumentos liberales del poder político al servicio de la oligarquía financiera.

La represión del referéndum catalán quiere dar credibilidad al gobierno conservador completamente desprestigiado, como garantía de la unidad de España amenazada por el separatismo catalán. Busca endosar su incompetencia a las instituciones catalanas, diluyendo su imagen criminosa en la ofensiva contra los enemigos de la patria. Y recuérdese que la condena del separatismo fue una de las consignas de la agitación de extrema derecha en los años de la II República, y una de las razones alegadas por el ejército fascista para el golpe de Estado que condujo a la guerra civil. Esa ‘unidad española’significa la dominación de la oligarquía financiera internacional sobre las estructuras del Estado español y a través de éste sobre sus poblaciones agrupadas en diferentes tradiciones nacionales.Una dominación ejercida bajo delegación en instituciones que han demostrado suficientemente un enorme grado de corrupción y sugran ineficacia en la dirección política de nuestros asuntos comunes.

Tesis 3: La correlación de fuerzas alcanzada en la lucha política de Cataluña y la resolución de esta crisis determinará la calidad democrática del conjunto de las estructuras políticas en el Estado español.

La crisis catalana no es todavía una crisis revolucionaria, y es probable que no lo llegue a ser dado su carácter regional y sus dificultades para involucrar a los pueblos del resto del Estado español, incluso teniendo en cuenta la debilidad actual de éste. Pero puede transformarse en un conflicto político permanente dentro del Estado surgido de la

Segunda Transición, que sustituya al conflicto vasco momentáneamente pacificado.

La contradicción principal a resolver por los políticos liberales, debe quedar clara: legitimar la dominación fraudulenta de la oligarquía financiera en tiempos de crisis generalizada del capitalismo tardío. Y en esa contradicción necesitan jugar con los sentimientos nacionales, enfrentando unos pueblos contra otros. Pero el internacionalismo propio de la clase proletaria no puede olvidar, bajo riesgo de perder la batalla por el futuro de la humanidad, que realidades sociales tan profundas como el sentimiento nacional no son sólo máscaras de la dominación. En el tema nacional se dirime la hegemonía política de la clase obrera, que consiste en la alianza necesaria con otras clases sociales como la pequeña burguesía y el campesinado rural para construir el bloque histórico republicano.

La configuración futura de las instituciones políticas a medio plazo –tal vez otros 40 años-vendrá determinada por el resultado de la confrontación política en la crisis social presente (llamémosla Segunda Transición en paralelo al proceso político de los años 70) y de la correlación de fuerzas que se consiga alcanzar en la lucha política catalana. En estas circunstancias traicionar la lucha democrática de la ciudadanía catalana, equivale a traicionar la lucha por la democracia en el Estado español.

Pues lo que debe quedar claro es que la lucha por la democracia no se lleva contra o a favor de un Estado abstracto o un identidad ilusoria, sino contra instituciones concretas de gobierno, que son las que determinan las orientaciones generales del desarrollo social. Las leyes del desarrollo histórico están determinadas y son insoslayables, la cuestión es si podemos darles una orientación definida de forma alternativa a la dirección capitalista, autoritaria y corrupta, que se ha transformado en una monstruosidad por su destructividad social y ecológica. La lucha de los movimientos sociales puede modificar esa dirección en un grado muy limitado, que al día de hoy parece insuficiente por la deriva fascista de las sociedades del bloque imperialista comandado por la OTAN. Luchar contra esa deriva es la línea política más decisiva en la actual coyuntura histórica.

La monarquía liberal representa la dominación de la oligarquía financiera internacional sobre la población española, pero esa dominación se establece en un grado determinado por la cohesión social y la capacidad de auto-organización de los pueblos. El principio de autodeterminación es un instrumento para la difusión del poder político hacia la ciudadanía y las instituciones populares, que debe ser ejercido del modo más amplio posible en cada momento histórico. Solo un poder político autoritario puede temer la libre determinación de los pueblos; en esa perspectiva la ‘ingobernabilidad de la democracia’ es la consigna neoliberal para limitar los derechos ciudadanos.

Tesis 4: La solidaridad con Cataluña define la lucha política en la actual coyuntura histórica.

El hecho de que la dinámica política lleve a la opción rupturista más radical en el bando popular republicano, ha sido denunciado por sectores de la izquierda reformista como resultado de maniobras burguesas. La ausencia de la clase obrera en la lucha independentista es un argumento utilizado por los reformistas contra la movilización catalana, sin querer reconocer que la pasividad de la clase obrera europea y las concesiones al liberalismo de sus dirigentes políticos son una causa directa del ascenso del fascismo en los países imperialistas. Sin embargo, la clase obrera ha comenzado a movilizarse contra la represión desatada por el gobierno conservador en Cataluña. El instinto de clase puede despertar ante los acontecimientos políticos que se están desarrollando, revertiendo la tendencia hacia la subordinación de los movimientos fascistas rampantes.

De otro modo, es de temer que la clase obrera española se deslice hacia un proceso político como el que está desarrollándose en Europa. El reformismo político de la izquierda liberal ha sido incapaz de ofrecer una alternativa de lucha a importantes sectores de la clase obrera que se hunden en la miseria, y sus defensores parecen contemplar el incremento de la explotación capitalista como un mal necesario, o incluso como un curioso fenómeno social. La clase obrera europea prefiere echarse en brazos del fascismo, antes que soportar la hipocresía de esos políticos que aparecen como la muleta reformista del régimen capitalista en tiempos donde no hay nada que reformar.

En estos momentos no se trata de encerrarse en el debate entre las opciones de independencia (Sí/Sí, en términos de eslogan) frente españolismo autoritario (No/No), pues existe una tercera posibilidad que es aceptar el referéndum votando en contra de la independencia (Sí/No). Esta tercera posibilidad fue defendida por la izquierda parlamentaria, representada tradicionalmente por IU con su propuesta de República federal y hoy en día por al menos un sector de Podemos. Sin embargo, la dinámica de la confrontación en Cataluña hace aparecer difuminada esta tercera vía intermedia. Es claro que el poder estatal ha maniobrado para que sea así, pero también es cierto que la propia IU ha mostrado su incapacidad para dirigir la lucha social nacida al calor de la crisis. Y si bien su reconversión a través de Podemos puede resolver los problemas organizativos más graves dela izquierda en el pasado, debe también reconocer sus errores y tomarse en serio su propio programa político, cuya culminación estriba en la proclamación de la República. Y es de esperar que tras los acontecimientos de Zaragoza el 22/09 comprendan más claramente la gravedad de la situación. Los defensores de una República federal deben hacer causa común con el pueblo catalán contra la represión del Estado.

La solidaridad con el proceso catalán debe hacerse sin condiciones, aunque cada cual debe defender las propias posiciones políticas con plena consciencia de sus implicaciones y buscando la máxima coherencia posible. La opción que deba aplicarse dependerá de la correlación de fuerzas que se produzca a lo largo de la crisis, pero en todo caso las fuerzas republicanas no tienen más opción que aceptar el reto lanzado por la oligarquía española, sabiendo que la lucha se ha entablado en inferioridad de condiciones para los demócratas y afrontando la represión desatada contra los pueblos peninsulares e insulares bajo el Estado español.

28/09/2017

Miguel Manzanera es profesor de Filosofía.

 

                                                 

                                                 

Referendum del 1-O 
La izquierda y Catalunya
blogs.publico.es 
28/09/2017 | Boaventura de Sousa Santos

El referéndum de Catalunya del próximo domingo formará parte de la historia de Europa y ciertamente por las peores razones. No voy a abordar aquí las cuestiones de fondo que, según las diferentes perspectivas, pueden leerse como cuestión histórica, cuestión territorial, cuestión de colonialismo interno o como una cuestión más amplia de autodeterminación. Son las cuestiones más importantes sin las cuales no se comprenden los problemas actuales. Sobre ellas tengo una modesta opinión. Es una opinión que muchos considerarán irrelevante porque, siendo portugués, tengo tendencia a tener una solidaridad especial con Catalunya. En el mismo año en que Portugal se liberó de los Felipes, 1640, Catalunya fracasó en los mismos intentos. Por supuesto que Portugal era un caso muy diferente, un país independiente hace más de cuatro siglos y con un imperio que se extendía por todos los continentes. Pero, a pesar de ello, había cierta afinidad en los objetivos y, además, la victoria de Portugal y el fracaso de Catalunya están más relacionados de lo que se puede pensar. Tal vez sea bueno recordar que la Corona española solo reconoció la “declaración unilateral de independencia” de Portugal veintiséis años después.

Sucede que, siendo estas las cuestiones más importantes, lamentablemente en este momento no son las más urgentes. Las cuestiones más urgentes son las cuestiones de la legalidad y la democracia. Me ocupo aquí de ellas por ser del interés de todos los demócratas de Europa y del mundo. Tal como fue decretado, el referéndum es ilegal a la luz de la Constitución vigente del Estado español y, como tal, en una democracia, no puede tener ningún efecto jurídico. Por sí mismo no puede decidir si el futuro de Catalunya está dentro o fuera España. Podemos tiene razón al declarar que no acepta una declaración unilateral de independencia. Pero la complejidad emerge cuando se reduce la relación entre lo jurídico y lo político a esta interpretación.

En las sociedades capitalistas y profundamente asimétricas en que vivimos, siempre hay más de una lectura posible de las relaciones entre lo jurídico y lo político. La oposición entre ellas es lo que distingue una posición de izquierda de una posición de derecha frente a la declaración unilateral de independencia. Una posición de izquierda sobre las relaciones entre lo jurídico y lo político, entre la ley y la democracia, se basa en los siguientes supuestos. Primero: la relación entre ley y democracia es dialéctica y no mecánica. Mucho de lo que consideramos legalidad democrática en un determinado momento histórico empezó por ser ilegalidad como aspiración a una mejor y más amplia democracia. Hay, pues, que dar mucha atención a los procesos políticos en toda su dinámica y amplitud y nunca reducirlos a su coincidencia con la ley del momento.

Segundo: los gobiernos de derecha, sobretodo de la derecha neoliberal, no tienen ninguna legitimidad democrática para declararse defensores de la ley, dado que sus prácticas se asientan en violaciones sistemáticas de la ley. No hablo de la corrupción endémica. Hablo, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica, de los Estatutos de autonomía en lo que se refiere a la financiación e inversión pactada con las Comunidades Autónomas, del cumplimiento fáctico de derechos reconocidos constitucionalmente, como el derecho a la vivienda, del recurso a políticas de excepción sin previa declaración constitucional. En estas condiciones la apelación del gobierno neoliberal al Estado de derecho es siempre una apelación disfrazada a un Estado de derechas. La izquierda debe cuidarse de no tener la menor complicidad con esta concepción oportunista de la ley.

Tercero: la desobediencia civil y política es un patrimonio inalienable de la izquierda. Sin ella, por ejemplo, no habría sido posible hace unos años el movimiento de los indignados y las perturbaciones que causó en el orden público. Desde la izquierda, la desobediencia debe ser igualmente juzgada dialécticamente, no por lo que es ahora, sino como una inversión en un futuro mejor. Este juicio sobre el futuro debe ser hecho no solamente por los que desobedecen (normalmente pagan un precio alto por ello), sino también por todos los que podrán beneficiarse de ese futuro mejor. O sea, la pregunta es si del acto de desobediencia se puede deducir con gran probabilidad que su dinámica es conducir a una comunidad política más democrática y más justa en su conjunto y no solamente para los que desobedecen.

Cuarto: el referéndum de Catalunya configura un acto de desobediencia civil y política y, como tal, no puede tener directamente los efectos políticos que se propone. Pero esto no quiere decir que no pueda tener otros efectos políticos legítimos e incluso que pueda ser la condición sine qua non para que los efectos políticos pretendidos se obtengan en el futuro mediante futuras mediaciones políticas y jurídicas. El movimiento de los indignados no logró realizar sus propósitos de “¡democracia real ya!”, pero no cabe duda de que, gracias a él, España es hoy un país más democrático. La emergencia de Podemos, de otros partidos de izquierda autonómica y de las mareas ciudadanas son, entre otras, prueba de eso mismo.

A partir de estos presupuestos, una posición de izquierda sobre el referéndum de Catalunya podría consistir en lo siguiente. En primer lugar, declarar inequívocamente que el referéndum es ilegal y que no puede producir los efectos que se propone (declaración hecha). En segundo lugar, declarar que ello no impide que el referéndum sea un acto legítimo de desobediencia y que, aun sin tener efectos jurídicos, el pueblo de Catalunya tiene todo el derecho a manifestarse libremente en el referéndum (declaración omitida). Y que esta manifestación constituye en sí misma un acto político democrático de gran transcendencia en las actuales circunstancias.

La segunda declaración sería la que realmente distingue una posición de izquierda de una posición de derecha. Y tendría las siguientes implicaciones. La izquierda denunciaría al Gobierno español en las instancias europeas y lo demandaría judicialmente ante los tribunales europeos por violar la Constitución al aplicar medidas de estado de excepción sin pasar por su declaración legal. La izquierda sabe que la complicidad de Bruselas con el Gobierno español se debe exclusivamente al hecho de que España está gobernada en estos momentos por un gobierno de derecha neoliberal. Y también sabe que defender la ley sin más es moralista y sin ningún efecto, pues, como afirmé arriba, bien sabemos que la derecha neoliberal (como la que está ahora en el poder en España) solo respeta la ley (y la democracia) cuando sirve a sus intereses. La izquierda social y política se organizaría para viajar en masa y desde todas las regiones del Estado español a Catalunya el domingo para apoyar presencialmente en las calles y plazas a los catalanes en el ejercicio pacífico de su referéndum y ser testigo presencial de la eventual violencia represiva del Gobierno español. Buscaría la solidaridad de todos los partidos de izquierda de Europa, invitándolos a viajar a Barcelona y a ser observadores informales del referéndum y de la violencia, en caso de que esta se produjera. Se manifestaría pacífica e indignadamente (repito, indignadamente) por el derecho de los catalanes a un acto público pacífico y democrático. Documentaría minuciosamente y presentaría queja judicial de todos los actos de violencia represiva. Si el referéndum resultara violentamente impedido, quedaría claro que lo habría sido sin ninguna complicidad de la izquierda.

Al día siguiente del referéndum, cualquiera que fuera el resultado, la izquierda estaría en una posición privilegiada para tener un papel único en la discusión política que se seguiría. ¿Independencia? ¿Más autonomía? ¿Estado federal plurinacional? ¿Estado libre asociado distinto de la caricatura que trágicamente representa Puerto Rico? Todas las posiciones estarían sobre la mesa y los catalanes sabrían que no necesitarían las fuerzas de derecha locales, que históricamente siempre se coludieron con el gobierno central contra las clases populares de Catalunya, para hacer valer la posición que la mayoría entendiera ser mejor. Es decir, los catalanes, los europeos y los demócratas del mundo conocerían entonces una nueva posibilidad de ser de izquierda en una sociedad democrática plurinacional. Sería una contribución de los pueblos y naciones de España a la democratización de la democracia en todo el mundo.

28/09/2017

Boaventura de Sousa Santos es profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra.

http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2017/09/28/la-izquierda-y-catalunya/

 

                                                 

                                                 

http://www.naiz.eus | Referéndum del 1-O
Som Catalunya
28/09/2017 | Mario Zubiaga

Somos porque casi lo fuimos. Corría el año 1998. Aquella propuesta democrática firmada en Lizarra se resumía en una frase:Euskal Herria debe tener la palabra y la decisión”. Es decir,nosaltres decidim”. Fallaron algunos factores que han hecho posible la articulación soberanista catalana. Las heridas derivadas del conflicto todavía sangraban, y si a unos les faltó la paciencia estratégica de la CUP, otros estaban lejos de la valentía táctica de Convergència. Los coletazos posteriores –propuesta de nuevo Estatuto y conversaciones de Loiola– fracasaron, sobre todo, porque eran unilaterales, no partían de consensos soberanistas previos.

Lamentablemente, tenemos que recuperar hoy los autores de entonces. Morlino nos dice que, en primer lugar, el cambio depende de la potencia del discurso que lo legitima: hoy, la democracia” catalana vence por puntos a lalegalidad” española. En segundo lugar, la movilización a favor del cambio debe superar a la que defiende el status quo: entendiendo que los 8.000 policías embarcados son parte del movimiento civil estatalista, poco pueden contra los cientos de miles de soberanistas que llevan años movilizándose sin tregua. Y, finalmente, el cambio depende de la pérdida de efectividad de las decisiones sistémicas. En Cataluña han llegado ya a este momento decisivo: ¿Es materialmente efectivo el Gobierno español en Cataluña? ¿Podrá parar el 1 de octubre? Y, sobre todo, ¿Quién gobernará ese territorio ocupado militarmente a partir del día 2?

Evidentemente nosotros no estamos todavía en esa tesitura, pero, ¿podemos llegar a ser Cataluña”?

Dicen que no tenemos nada que ver. Es un clásico en el discurso unionista. Irlanda, Escocia, Quebec, Kosovo, Cataluña… No son lo mismo que Euskal Herria. Obviamente las hojas de ruta no son iguales y el tempus no coincide, pero la insistencia en destacar las diferencias es, más que nada, viejuna, por westfaliana. Autoras especializadas en movimientos sociales como Donatella della Porta o Sarah Soule nos recuerdan que hoy ya no existen asuntos internos”. La difusión de los marcos discursivos y los repertorios de acción colectiva activan ciclos de movilización a escala global. La sincronía y la sintonía transfronterizas son una constante, la contención estatal, una excepción.

La primera resonancia es la relativa al marco discursivo. Los cambios de régimen reflejan el espíritu del tiempo. En los años treinta del XX el contexto internacional hacía muy difícil sustraerse a las lógicas revolucionarias y bélicas. El ciclo histórico actual se caracteriza por la tendencia a primar un marco democrático y civil para la reforma política, al menos en las sociedades occidentales. Hoy, en Cataluña, Escocia, Euskal Herria, Kosovo o el Kurdistán iraquí… es el voto ciudadano el que define la legitimidad del cambo político. En esta cuestión”som” tan Catalunya como el que más.

La segunda resonancia se refiere a los repertorios de movilización, evidentemente conectados con el marco discursivo democrático. Las técnicas clandestinas o insurreccionales han dado paso, por un lado, a la ocupación masiva del espacio público, desde Tahrir, Occupy Wall Street a las Diadas multitudinarias, y, por otro, a la recuperación de la democracia directa –referéndum–, que permite conocer sin mediación política la voluntad popular. Estos instrumentos replantean la relación entre ciudadanía, partidos e instituciones, de modo que la colaboración se refuerza en detrimento de la mera representación. En esta cuestión, si bien todavía de forma incipiente, también “som Catalunya”.

Esa doble sintonía se expresa en la activación de determinados mecanismos cognitivos, entre otros, la equivalencia institucional”, o asunción por parte de los actores políticos de que las lógicas institucionales propias son parejas a las existentes en otros lugares.

En primer lugar, desde un punto de vista estructural, la equivalencia institucional con Cataluña es casi absoluta.

Los estados utilizan la violencia para constituirse y defender su integridad. Incluso los más civilizados. Pero hay sociedades políticamente maduras, liberales en el buen sentido, que entienden que no se puede impedir el derecho de su ciudadanía a elegir la sujeción estatal que estime conveniente. Un derecho, basado en la voluntad individual, que puede reconocerse de forma agregada, de modo que cuando exista una proyección territorial reconocida, sea ejercitado colectivamente. No obstante, existen también países de tradición autoritaria, en los que el jacobinismo izquierdista no es sino el trasunto laico del absolutismo monárquico. Países que conciben la soberanía como emanación de un cuerpo místico, primero el del monarca, luego el de una nación monolítica. Existen países federales en los que la unidad territorial se mantiene sobre la suma voluntaria de las partes, y existen países en los que todo reconocimiento de la diversidad no es sino una concesión graciosa y revocable de la casta dominante. Existen países como Canadá o Inglaterra, y existen países como Francia y España. Son los gobiernos de estos dos Estados los que impiden la decisión libre de nuestros dos pueblos, Catalunya y Euskal Herria. La cultura política de los Estados-matriz nos afecta de igual modo y las diferencias en el rango competencial –concierto económico o régimen común–, o en la filosofía subyacente –foralidad expresa o suprimida–, son irrelevantes, en tanto en cuanto la interpretación de su alcance es siempre de parte. De parte española, se entiende.

En segundo lugar, desde un punto de vista dinámico, la equivalencia institucional es cada vez más clara. Las experiencias de acuerdo institucional frustradas son similares: desde el vaciamiento del estatuto del 79 al rechazo de la reforma del 2005, en nuestro caso, y del cepillado estatutario del 2006 al golpe posterior del Tribunal Constitucional, en el caso catalán.

El lehendakari Urkullu –citando a una interesante politóloga, Chantal Mouffe–, defendía superar elmarco de enfrentamiento agonístico” para dar paso al diálogo habermasiano y la bilateralidad. Buenas intenciones que desgraciadamente no funcionan en el mundo real, más guiado por Maquiavelo que por Tomas Moro. Cuando uno será siempre minoría en el Estado, esa relación de fuerzas verdaderamente bilateral solo se consigue al modoagonístico”, es decir, con una movilización social sostenida. ¿O alguien piensa que se puede reformar la Constitución del 78 en sentido progresista y plurinacional siguiendo el procedimiento del art. 168, por encima de la mayoría de bloqueo sistémica (PP-C’s-PSOE), sin que exista un desborde movilizador suficientemente intenso y extenso? El nuevo 15-M, la nueva ventana de oportunidad para reformar el Estado, está hoy en Cataluña.

El desiderátum confederal –propuesta tan sensata como inconstitucional–, solo es realizable si a los gestores estatales se les presenta un escenario político peor que convierta aquel en un mal menor. El escenario “peor” que Cataluña necesita hacer creíble para lograr el objetivo de fondo –el derecho a decidir–, es la independencia inminente. Es tan torpe el Estado que a lo mejor Cataluña se levanta un día como república, superando sus propias expectativas. Claro está, España está mostrando un “escenario peor” a Cataluña, y por ende, a nosotros: si queréis más autogobierno, os lo quitaré todo…”. El problema es que para implementarlo no tiene otro recurso que la fuerza. Una fuerza que realimenta el ansia de soberanía.

El “escenario peor” histórico con el que se defendió mal que bien el autogobierno vasco hasta los años noventa, fue la amenaza velada de dejar de ser dique de contención frente alseparatismo revolucionario”. El “escenario peor” que ha permitido esa bilateralidad contante y sonante de los últimos acuerdos PNV-PP, es el espantajo de la conexión vasco-catalana, temible para el statu quo sistémico. Sin embargo, nuestros gestores institucionales son conscientes de que ese marco de negociación está a punto de caducar.

En nuestro caso, es imprescindible trabajar para tener disponible un nuevo “escenario peor” que permita ampliar el ámbito del autogobierno. Dicho escenario no es otro que la posibilidad real de ejercitar el derecho a decidir la secesión. Sin condiciones leoninas. Es decir, siguiendo al lehendakari Ibarretxe, seducido también por la ciencia política: se trataría de asegurar una vía jurídicamente operativa de salida “si no hay respeto a la voz” (Hirschman). Sin esa posibilidad real, la suerte del autogobierno será azarosa, dependerá de la debilidad puntual del gobierno español de turno.

Por eso, porque somos y queremos lo mismo que la ciudadanía de Cataluña –decidir en libertad–, tenemos que llenar las calles de Bilbao el día 30 de septiembre. Siempre han estado a nuestro lado. No podemos fallarles. Por solidaridad, naturalmente. Y si se quiere, por qué no, también por puro pragmatismo. Y por dignidad. A la catalana.

28/09/2017

Mario Zubiaga es profesor de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-09-28/hemeroteca_articles/som-catalunya#.WcyrbG90jKk.twitter

 

                                                 

                                                 

ctxt.es | Referéndum catalán del 1-O
Carta abierta a la izquierda española
28/09/2017 | Carles Ferreira

Compañeros y compañeras de la izquierda española, Comparto con vosotros todo o casi todo: la confianza en que una sociedad mejor es posible, la justicia social como brújula de todo proyecto político, la convicción de que la libertad de cada uno solo es compatible con la igualdad y la libertad de todos. Estos valores universales, que dibujan el hilo rojo de la Historia —y de historias de compromisos y luchas, de razones y dignidades— no entienden, por definición, de límites territoriales o de jaulas nacionales que pongan coto a su voluntad internacional(ista).

Es más, creo —como vosotros— que el nacionalismo es una ideología absurda. Nosotros, los catalanes, nos llamamos así por un accidente cuasi geográfico que alguna vez fue politizado. Somos, como todas las naciones, una contingencia histórica. Si el fluir de los siglos nos hubiese llevado por otros cauces, ahora seríamos quizá árabes, o franceses —hipótesis las dos nada desatinadas si echamos la vista atrás—. Lo mismo, por supuesto, para España, la unidad de la cual se forjó mediante guerras, matrimonios aristocráticos y pactos oligárquicos. Si la combinación de aliados y enemigos hubiese sido otra, la España de hoy sería, también, radicalmente diferente. ¡Quizá —nunca lo sabremos— España no existiría!.

Los no-nacionalistas como nosotros, pues, entendemos que las naciones modernas no se basan en etnoculturalismos sacralizados, sino en voluntades agregadas de convivencia que se renuevan de tanto en cuando. Aquí, Antoni Puigverd se refirió a esta idea de forma magistral: “Cataluña como ágora y no como templo“. Genuinamente, el célebre pensador Ernest Renan lo teorizó a partir de la expresión “plebiscito cotidiano“. Bajo estas ideas, los catalanes de inspiración socialista o socialdemócrata creemos en una Cataluña plural que, a su vez, quería engarzarse en un proyecto compartido con el resto de españoles, y de hecho fuimos los que intentamos romper con la hegemonía nacionalista en Cataluña.

Los socialistas creíamos que Cataluña era una sociedad mayormente progresista, pero que la instrumentalización de la identidad catalana por parte de Convergencia y del nacionalismo conservador dificultaba la llegada de las izquierdas al gobierno de la Generalitat. Entonces llegó Pasqual Maragall con una propuesta de nuevo Estatuto —una propuesta, por cierto, a la que había renunciado Jordi Pujol a cambio del apoyo del Partido Popular a su investidura—. Se creía que el eterno victimismo del nacionalismo conservador, excusa para no ejercer las competencias propias de forma socialmente avanzada, podía acabarse si Cataluña conseguía un nivel de autogobierno indiscutible, libre de las injerencias arbitrarias y centralizantes del gobierno español.

En el memorable discurso de investidura que pronunció Maragall en 2003, el exalcalde olímpico expuso que no quería “presidir el gobierno de la protesta, sino el de la propuesta“, y que de hecho esta actitud inquietaba mucho más al entonces presidente Aznar que no las previsibles lamentaciones pujolistas, que cesaban cuando otro peix terminaba dentro del cove. El Estatut era una propuesta para Cataluña pero también para España. No se daban las condiciones políticas para cambiar la Constitución en un sentido federal, pero en la práctica podían conseguirse estos objetivos mediante la renovación del Estatuto, que a su vez era Ley Orgánica del Estado.

Releer hoy aquel discurso de Maragall es obligado. El expresident, lúcidamente, avisó que “en caso de dilación indebida en su tramitación [del Estatut], en caso de no-tomada en consideración, en caso de impugnación o inadecuación substantiva del resultado final en la propuesta aprobada en Cataluña […], la ciudadanía catalana será llamada [nuevamente] a pronunciarse […] mediante el procedimiento de consulta general que se estime más adecuado“. Cuando el Tribunal Constitucional rompió unilateralmente el pacto constitucional en Cataluña y laminó el Estatuto que había sido aprobado previamente por los catalanes en referéndum, Maragall ya estaba muy lejos de la primera línea política. Pero hoy sus palabras suenan proféticas: la ciudadanía de Cataluña tiene derecho a volver a pronunciarse sobre su relación con el Estado.

Esto fue en 2010. Han pasado ya siete años —casi ocho— en los cuales nos rige en Cataluña un Estatuto que no hemos votado, sufriendo la abierta hostilidad del Partido Popular y un silencio inaceptable por parte del Partido Socialista. La sentencia contra el Estatuto cerró cualquier posibilidad de avanzar hacia el federalismo en el actual marco constitucional, y la respuesta política de la izquierda española fue redondear y homogeneizar un Estado de las autonomías —más café para todos— que ya había quedado obsoleto en Cataluña. Fue entonces cuando muchos catalanes de izquierdas y profundamente no-nacionalistas empezamos a simpatizar con el soberanismo.

Entendimos también que esto no era tan sólo una cuestión puramente nacional, sino que la primera oleada a favor del derecho a decidir se mezcló con la experiencia del 15M y con la indignación social en medio de los peores años de la crisis. La combinación de estos elementos dejaron en cueros al régimen del ’78 y comprendimos, entonces, que las instituciones de las cuales nos dotamos durante la transición ya no eran útiles para encarar los principales retos de nuestra sociedad. La apertura de un proceso constituyente que pasara necesariamente por el reconocimiento de la autodeterminación de las nacionalidades y por una profunda renovación de las estructuras sociales, políticas y económicas del Estado era el único modo de reenganchar a una mayoría ciudadana en Cataluña.

En este sentido, desde 2012 el Congreso de los Diputados ha rechazado casi 20 veces un referéndum pactado. Se hizo un proceso participativo en 2014 donde fueron a votar 2,3 millones de personas, y desde hace seis años salen a la calle más de un millón de gentes cada 11 de septiembre en Cataluña. Jurídicamente el pacto constitucional saltó por los aires con la sentencia del Estatuto, y políticamente no ha habido ningún interés por rehacerlo, o en su defecto, por ratificar el consentimiento de los catalanes y catalanas ante la situación actual mediante una consulta. El consentimiento es la base de la legitimidad, y por su ausencia la legalidad española en Cataluña se encuentra hoy en una situación tan precaria.

¿Dónde está, pues, la legitimidad? En el 80% de catalanes y catalanas que quieren decidir el futuro de su país en referéndum —esta cifra sube ya al 82% según El País, poco sospechoso de soberanista- y en el 60% que está de acuerdo en iniciar un “proceso constituyente catalán propio y no subordinado” —cito resultados electorales y la declaración política de Catalunya Sí Que Es Pot, a la que hay que sumar el independentismo explícito de Junts pel Sí y la CUP—. La convocatoria del 1 de octubre es la única herramienta política que se ha puesto sobre la mesa para solucionar el embrollo, y se ha avanzado por la vía del unilateralismo a causa de la incomparecencia de la otra parte. Con todas sus insuficiencias y contradicciones.

Creo, honestamente, que lo que deseáis para España ha empezado en Cataluña. El candado del régimen del 78 se puede romper aquí, con la apertura de un proceso constituyente de base ciudadana. Esto lo queríamos hacer conjuntamente con el resto de España —y como nuestros valores no tienen fronteras, también lo queríamos y queremos hacer para construir otra Europa—, pero resulta que la ventana de oportunidad política se ha abierto aquí. La maldita polarización, además, nos lleva a escoger entre la República catalana y un Reino de España que nos envía jueces, fiscales, guardias civiles y discursos que nos retrotraen al blanco y negro.

No nos hagáis esperar décadas hasta que ganéis las elecciones por mayoría absoluta, ni nos señaléis repetidamente la contradicción —real, por otra parte— de que haremos todo esto de la mano de la derecha catalana, cuando para cambiar la Constitución hacen falta 2/3 de ambas cámaras, y para hacer eso se hará siempre imprescindible la concurrencia del Partido Popular. Además, compañeros, no todo es conseguir el poder electo. Estos días hemos podido comprobar una vez más la existencia de una oligarquía —o casta— pegada a las instituciones del Estado, cuya cultura política no terminó de hacer la transición.

Durante décadas, y como mínimo en los últimos 150 años en que las izquierdas españolas y catalanas se han dado la mano para la transformación del Estado, las preguntas se las ha hecho la periferia, y así también ha ocurrido con todas las respuestas. El foralismo, el regionalismo, el federalismo y muchos otros movimientos surgen lejos de Castilla. “Envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora“, cantaba Machado. Sepharad no ha querido cruzar los puentes del diálogo y, parafraseando a Maragall —el poeta—, no ha querido escoltar. Quizá España necesite una buena sacudida para empezar a hacerse preguntas. Y nosotros, luego, estaremos dispuestos —libremente y de igual a igual— a ayudaros humildemente con todas nuestras respuestas.

Fraternalmente, un no-nacionalista catalán y de izquierdas que va a votar “sí”

Carles Ferreira es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona y asesor del Ayuntamiento de Girona.

Este artículo se publicó en el blog del autor. 20/09/2017

http://ctxt.es/es/20170920/Firmas/15165/nacionalismo-izquierda-maragall-estatut-referendum-catalua-ctxt.htm

 

                                                 

                                                 

elsaltodiario.com/vientosur| Referendum del 1-O
Clase, hegemonía e independentismo catalán
28/09/2017 | Marc Casanovas y Braís Fernández

Este texto pretende participar en un debate estratégico abierto en las izquierdas en torno al referéndum catalán del 1 de octubre, pero que pensamos que va más allá. No entraremos a relatar la historia de la formación del proceso independentista catalán. Delimitaremos la discusión a proponer una caracterización de lo que se ha llamado el procés y tratar de aportar argumentos de por qué las izquierdas no independentistas deberían impulsar activamente el 1-O como un momento de ruptura.

Uno de los argumentos típicos de “sentido común” de la izquierda tradicional para no apoyar el referéndum catalán del 1 de octubre es que el procés está liderado por la burguesía. Dicho así, esto es rotundamente falso y solo puede basarse en dos malentendidos, uno malicioso y otro que sólo puede ser producto de la ignorancia o de un desplazamiento de categorías tan absurdo que se invalida por sí mismo. La falsedad de este argumento es empíricamente verificable. La gran burguesía catalana se ha manifestado una y otra vez contra el procés por irresponsable y por generar inestabilidad en sus negocios, como puede comprobar cualquiera que se moleste en buscar en Google las declaraciones de la patronal catalana Foment del Treball. La ignorancia viene a la hora de definir qué significa burguesía, concepto que la izquierda española solo ha empleado en los últimos 40 años para referirse a Catalunya o, en el caso del PCE, para justificar su política de alianzas con la burguesía progresista y nacional (sic) que representaba Suárez en el 78.

“Burguesía” es un concepto de la economía clásica rescatado por el marxismo, que define a la clase dominante en relación a la propiedad de los medios de producción. Como ya hemos remarcado, las élites de este sector social están en contra del procés: Foro Puente Aéreo, la patronal Foment del Treball, la elitista Círculo Ecuestre, el Círculo de Economía o la internacional Comisión Trilateral han manifestado reiteradamente su oposición a la independencia, así como José Manuel Lara (Planeta), Isidre Fainé (CaixaBank), Josep Lluís Bonet (Freixenet) o Josep Oliu (Banco Sabadell), aunque algunos sectores de Foment del Treball sí que han dado, ante los hechos consumados, apoyo al procés con la esperanza de mejorar su posición y sus prebendas frente a la burguesía del resto del Estado y a nivel internacional. También ante la dinámica de movilización popular el procés ha ido encontrando el aval de la mayoría del empresariado de las pequeñas y medianas empresas, organizados en entidades como la PIMEC, la Cecot o la Cámara de Comercio.

Pero en ningún caso estos actores han impulsado el procés, sino que fieles a su proverbial pragmatismo han ido reposicionando sus intereses según avanzaba el proceso. Como reconoció con lampedusiana melancolía el mismo Artur Mas ante el Colegi d’economistes de Catalunya antes del 9N: “Las élites del país no deben pretender cambiar el curso de la historia, sino que han de canalizar este movimiento de base. No se trata de frenar ni de parar, sino de hacer que salga bien”.

Hacer que las cosas no “salgan bien” para estos sectores de la clase dominante, incidir sobre sus contradicciones e intentar que no puedan “canalizar” la crisis de régimen, para cerrarla por arriba con un nuevo pacto y reparto del pastel entre élites, es la primera tarea para cualquier organización o espacio que aspire al cambio político y social.

No es una alternativa quedarse mirando desde la barrera, a esperar que se estrelle el mayor movimiento de masas que hay en estos momentos en toda Europa con la excusa de que sectores de la burguesía catalana pretenden “canalizarla” hacia sus propios intereses. Al contrario, es precisamente por esto por lo que hay que apoyar el movimiento y disputar su dirección política con la activación y agregación de sus sectores más populares. En el contexto del “155 de facto” en Catalunya y de involución democrática en todo el Estado, no entender que si se estrella el proceso soberanista nos estrellamos todas y todos tiene su mérito hermenéutico: no dejar que la realidad te estropee una buena historia.

En el contexto del “155 de facto” en Catalunya y de involución democrática en todo el Estado, no entender que si se estrella el proceso soberanista nos estrellamos todas y todos

Entonces, ¿quién lidera? o, más bien, ¿quién surfea el movimiento soberanista catalán? Es claro que un sector de la clase política catalana (sin duda, llena de elementos poco deseables y poco sospechosos de querer una transformación radical de la sociedad) ha dejado de representar los intereses políticos de la gran burguesía catalana (aunque siguen defendiendo su programa económico) y mantiene su aspiración a jugar un papel dirigente mediante su control sobre una parte del aparato del Estado y su capacidad de irse adaptando a un proceso de masas independentista. Nuevamente aquí de lo que se trata es de no dejar alegremente que el proceso de movilización social que se está dando sirva como relato heroico para justificar su proyecto social y económico austeritario. El desafío aquí no estriba en quién es capaz de describir con más saña un sector dirigente del proceso, sino de cómo somos capaces de articular un terreno común entre la izquierda independentista y soberanista de Catalunya y del resto del Estado que permita una nueva hegemonía: República catalana y procesos constituyentes es un futuro no cotejado que el 1 de Octubre podría activar si hubiera la voluntad política suficiente.

Frente a la tendencia a ver el proceso independentista catalán como algo homogéneo, es interesante explorar sus contradicciones internas y verlo como un campo de luchas y un final sin determinar. En un proceso nacional-popular, la homogeneidad es una ficción previa a la lucha real o conquistada a través del monopolio del Estado: es decir, lo “nacional” tiende a suturar todas las contradicciones de clase que hay en lo “popular”. Sin embargo, cuando ese proceso nacional-popular se pone en movimiento y entra en conflicto con los aparatos de dominación del Estado, aparecen las primeras grietas, repertorios de lucha que van más allá de los de las élites dirigentes del proceso nacional-popular. Esto nos lleva a la cuestión de tratar de definir las bases sociales del procés. Suponemos que a nadie se le ocurrirá decir que hay más de 2 millones de burgueses o de políticos en Catalunya. Es cierto que la matriz dominante son las llamadas “clases medias” (un concepto que prima en su propia definición la heterogeneidad de sus componentes y su relación con determinadas expectativas de clase antes que una definición estrictamente marxista, es decir, relacionada con la propiedad de los medios de producción) y que la “clase obrera” en un sentido clásico está ausente. Es decir, estamos ante un movimiento policlasista, en el cual hay obreros, pequeños propietarios, funcionarios, políticos, profesionales, pequeños y medianos empresarios, etc., pero cuya relación con el movimiento independentista no está determinada por la relación económica que ocupan, sino más bien por la adhesión nacional-popular al proyecto de una Catalunya independiente.

Esto implica un programa lleno de contradicciones: un sector del procés parece tener como modelo de Catalunya independiente una especie de Suiza del sur. Para la mayoría de las bases (sueño, por cierto, compartido por la mayoría de la base social del progresismo español) su ejemplo es una Suecia mediterránea, donde el mercado esté controlado por un Estado eficiente y sensato. Un sector minoritario pero significativo (más significativo por lo menos que en el resto del Estado español y que en cualquier otro lugar de Europa) apuesta por una salida nítidamente anticapitalista del procés. Por lo tanto, el pegamento del horizonte de una Catalunya independiente esconde diferentes proyectos. ¿Es eso tan extraño? ¿Acaso los movimientos políticos y sociales de masas que han surgido desde la derrota del movimiento obrero por el neoliberalismo no han tenido debilidades semejantes? ¿No es la ausencia de una clase obrera “formada” y con un proyecto transformador hegemónico la principal ausencia que marca los límites de nuestro tiempo? Sin duda, estas limitaciones evidentes impiden hablar del movimiento independentista como un movimiento socialmente revolucionario porque no cuestiona los fundamentos materiales del capitalismo: la subordinación del interés colectivo a la propiedad privada, y las relaciones de producción y de reproducción basadas en la explotación y la opresión.

Pero, ¿acaso el 15M lo hacía? ¿Eran la clase trabajadora y sus intereses los que tenían el protagonismo central, ocupando los centros de trabajo e irradiando desde el corazón del capital un proyecto de sociedad alternativa? Es cierto que el 15M portaba un programa socialmente más avanzado, pero eso sólo apareció como algo real tiempo después para ese sector de la izquierda que hoy mira con recelo a Catalunya y que también miró en aquel momento con recelo el movimiento 15M, por no autodefinirse de izquierdas y por la ausencia de la “clase obrera”. ¿Acaso todos los movimientos que se apoyan desde la izquierda transformadora cumplen necesariamente a priori estas características tan delimitativamente revolucionarias? Esta concepción del rol la clase obrera recuerda a la justa crítica que le hacía Laclau a Kautsky y a la Segunda Internacional en Hegemonía y estrategia socialista:

“El pretendido radicalismo de su posición era, sin embargo, la pieza esencial de una estrategia fundamentalmente conservadora; estando fundado en el rechazo de todo compromiso o alianza y en el desarrollo de un proceso cuyo desenlace no dependía de iniciativas políticas, dicho radicalismo conducía al quietismo y a la espera. Propaganda y organización eran las dos tareas esenciales —en realidad únicas— del partido. La propaganda no tendía a la formación de una «voluntad popular» más amplia sobre la base de ganar nuevos sectores a la causa socialista, sino, esencialmente, a un reforzamiento de la identidad obrera; en cuanto a la organización, su expansión no significaba una participación política creciente en una variedad de frentes, sino la construcción de un gueto en el que la clase obrera llevara una existencia segregada y centrada en sí misma. Esta progresiva institucionalización del movimiento correspondía bien a una concepción según la cual la crisis final del sistema capitalista vendría del propio trabajo que la burguesía llevaba a cabo en la dirección de su ruina, en tanto que a la clase obrera sólo le correspondía prepararse para intervenir en el momento apropiado. Desde 1881 Kautsky había afirmado: «Nuestra tarea no es organizar la revolución, sino organizamos para la revolución; no hacer la revolución, sino aprovecharnos de ella”.

Es cierto que la ausencia de una clase obrera como vector central en el proceso independentista es un límite evidente. Negarlo sería hacer apología del policlasismo populista que a día de hoy es el aglutinador fundamental del procés. Pero si queremos llevar el debate a un plano estratégico, más que postular un “socialismo fuera del tiempo” y unas consignas de autoconsumo, debemos desplazar la discusión y empezar a pensar que la política está constituida no sólo por factores estructurales, sino también por agentes políticos. La actitud de una parte importante de la izquierda ante el movimiento independentista es, por así decirlo, pre-hegemónica en dos sentidos. Por una parte, la mayoría de la izquierda catalana, o al menos su parte fundamental con funciones dirigentes, el grupo de Ada Colau y los Comunes, asumen el movimiento como algo estático, incapaz de desarrollos distintos y abiertos, de mutaciones a través de conflictos internos. La izquierda que en Catalunya se mantiene en estos momentos críticos al margen del movimiento soberanista (a pesar de formar parte de éste) asume una posición pasiva que ni disputa la dirección del propio movimiento ni incorpora a sectores sociales nuevos generando una delimitación de clase dentro del propio proceso. Mantiene una actitud ambigua, de espera, confiando en que la apuesta independentista pierda su fuerza y su empuje, con una estrategia basada en recoger las cenizas como bisagra de una más que posible negociación neoconstitucional con las élites que gobiernan el Estado Español.

Ciertamente, a la pasividad de la izquierda “común” en Catalunya hay que sumar las limitaciones de las CUP, que a pesar de su honesta radicalidad, no se han esforzado por jugar un papel de enlace entre esa izquierda y el movimiento independentista, prefiriendo, en sitios claves como el Ayuntamiento de Barcelona, adoptar una actitud sectaria que asegurase el atrincheramiento de su espacio a una política de alianzas arriesgada que arrastrase a los Comunes a una pelea conjunta contra la dirección convergente-republicana del proceso soberanista.

Por parte de la izquierda española, existe una tendencia a considerar al movimiento soberanista una “farsa”, como si no fuese algo serio, sino un simple juego entre élites, lo cual revela una total incomprensión de aquella vieja idea del archicitado Lenin (que en realidad está presente en toda la “política del conflicto”) de que la división entre las clases dominantes es una precondición para cualquier transformación social. Una “precondición” significa que es algo que en sí mismo no es suficiente, pero que es una contingencia necesaria, que abre una fisura por la que pueden irrumpir las políticas emancipatorias, sus subjetividades partidarias y sus intereses de clase. Es cierto que el movimiento soberanista puede terminar en una farsa lampedusiana, pero como todo. Nada nace siendo verdad, se hace verdad en la lucha activa y en el conflicto. Es la pasividad la que crea las mentiras, el falso y eterno veredicto de los hechos consumados: los de arriba siempre ganan. Aunque frente a esto una posición activa tampoco garantice la verdad, es nuevamente precondición de toda política emancipatoria.

Por parte de la izquierda española, existe una tendencia a considerar al movimiento soberanista una “farsa”, como si no fuese algo serio, sino un simple juego entre élites

Los de abajo siempre se mueven en conflictos sociales y políticos históricamente concretos, donde las cartas siempre están marcadas por los de arriba y donde los grados de conciencia son diversos y contradictorios. Quien busque un terreno de lucha social puro, depurado de sus contradicciones políticas, culturales, nacionales etc., busca un terreno de lucha que no es de este mundo, que solo existe en el imaginario icónica de las peores pesadillas del realismo socialista. La añorada y ausente clase trabajadora sólo se formará en la lucha política, en y más allá del centro de trabajo, en contacto con otras clases, delimitando sus intereses en procesos reales de lucha política y postulando a partir de ahí la hegemonía de sus intereses como la mejor solución al conjunto de una sociedad en crisis. Porque la clase trabajadora como sujeto político no existe como tal, se forma: lo que existe es una masa multiforme a la que llamamos fuerza de trabajo y que está presente en todos los poros de la sociedad, aunque no tenga conciencia de si misma como fuerza política emancipadora.

Es cierto que la actitud de ciertos sectores de IU como Garzón y de Podemos es diferente: hay que reconocer que Podemos ha defendido en su discurso un referéndum mientras que IU no ha sido capaz de proponer nada diferente a un abstracto “Estado Federal”. Sin embargo, el arreglo propuesto para el tema catalán por Podemos parte de una premisa que ahora no se cumple: que Podemos gane las elecciones por mayoría absoluta, puesto que un co-gobierno con el PSOE, siendo realistas, estaría totalmente vinculado a negar ese referéndum.

No es imposible que esto ocurra en algún momento, pero sí es difícil creer que este escenario se vaya a producir a corto plazo. Porque esa es la gran tragedia de las estrategias “gradualistas”: pensar los tiempos políticos de forma lineal y monocorde, sin discordancias, como si el proceso catalán y el 1 de Octubre fuera un molesto paréntesis dentro de una estrategia pasiva de acumulación de fuerzas electoral, en lugar de articular las distintas temporalidades que estructuran el campo político del Estado y pensar el 1 de octubre como el catalizador que podría precipitar la caída del gobierno del PP y abrir una aceleración del tiempo político que propiciara una primavera de procesos constituyentes por todo el territorio del Estado que enterrará, por fin, el régimen del 78 bajo las ruinas del valle de los caídos.

Toda crisis es coyuntural: la crisis de régimen provocada por el flanco catalán no durará eternamente y el movimiento independentista, si no va hasta el final en este momento de auge, es posible que no tenga otra oportunidad en bastante tiempo. Parece difícil que con la dirección actual del procés, el asunto vaya hasta el final: la desobediencia destituyente implica un grado de cohesión y determinación que ni la clase política catalana parece estar en condiciones de asumir ni la izquierda catalana y española dispuestas a alimentar y aprovechar desde una óptica de la democracia constituyente. Quizás la tragedia sea que el hipotético “fracaso” del proceso soberanista sea potencialmente funcional tanto a la izquierda que representa Ada Colau en Catalunya como a la que representa Podemos en España. En palabras de Josep María Antentas, el escenario pos-proceso soberanista catalán no augura una situación de radicalización democrática, sino que más bien la pasividad “ante el envite independentista dibujan unas organizaciones más insertadas en la gobernabilidad convencional y la normalización institucional. Delinean unas fuerzas políticas más favorables a un cierre de la crisis institucional por arriba en forma de una positiva, pero limitada, mutación del sistema tradicional de partidos en favor de uno nuevo donde la izquierda posneoliberal tenga mayor peso que en la fase anterior”.

Aún quedan unos momentos decisivos en las que pueden ocurrir algunas cosas. Quizás la represión del PP y de los aparatos del Estado pos-franquistas despierten a la izquierda mayoritaria de su pasividad. Porque las oportunidades pasan y luego lo único que nos queda es la profecía autocumplida del “no se puede”.

En las últimas semanas se ha producido un salto cualitativo en el nivel de conflicto con el Estado y en la respuesta masiva y espontánea de la población, con elementos de autoorganización y con un repertorio de lucha que va más allá del habitual al que la sociedad civil institucionalizada del procés nos tiene acostumbrados: la entrada en escena del mundo del trabajo convocando a una huelga general y social para el 3 de octubre si no se puede votar, la decisión de los estibadores negando asistencia a los barcos de las fuerzas militares atracadas en el puerto, el movimiento estudiantil cortando el tráfico y ocupando facultades, distintas plataformas promoviendo actos de solidaridad en todo el Estado y una carta de derechos sociales en Cataluña que culmine en una asamblea de movimientos sociales catalana, muestras de solidaridad y manifestaciones en todo el Estado.

En la medida en que esto ocurra, en la medida en que al frente de la defensa del derecho a decidir del pueblo catalán se ponga el mundo del trabajo y los movimientos sociales, la agenda social de dichos movimientos y de amplios sectores populares hasta ahora ausentes comenzará a tener fuerza “constituyente”. Esto es fundamental para empezar a construir y visualizar una nueva correlación de fuerzas, un nuevo campo político de alianzas estratégicas, que impugne la agenda “constituyente” neoliberal de Junts Pel Sí por un lado y que obligue a la izquierda estatal a ponerse las pilas y apostar por la fuerza destituyente del régimen del 78 que representa el proceso independentista por el otro. El problema de España y la cuestión catalana solo se desbloquearán si las clases trabajadoras y populares proponen soluciones y son las protagonistas de lo que Gramsci llamaba “gran política”, es decir, aquellos hechos que afectan a la “configuración de los Estados”, los temas históricamente irresueltos por las clases dominantes.

Marc Casanovas Brais Fernández forman parte del Secretariado de Redacción de viento sur y son militantes de Anticapitalistas en Barcelona y en Madrid, respectivamente.

https://www.elsaltodiario.com/vientosur/hegemonia-independentismo-catalan

 

                                                 

                                                 

Frente a un manifiesto de profesorado universitario sobre el referendum catalán
Frente a la apología de la fuerza, más democracia
29/09/2017 | Fernando Mendiola Gonzalo, Pedro Oliver Olmo y Fernando Hernández Holgado, Univ. Pública de Navarra, Univ. de Castilla-La Mancha y Univ. Complutense de Madrid

El reciente manifiesto de profesores y profesoras sobre la situación en Cataluña no nos puede dejar indiferentes. Ni como ciudadanos ni como historiadores. Menos aún cuando, entre quienes firman, encontramos a colegas, maestros y maestras y algunos amigos con los que hemos compartido muchos espacios y encuentros académicos, y de cuyas investigaciones esperamos seguir aprendiendo. En este caso, sin embargo, su escrito nos ha provocado inquietud y también desacuerdo con las dos ideas básicas que lo justifican. En su estilo lapidario sobresale la contundencia y se echa en falta algún matiz ineludible, matices que podrían ser los puentes del diálogo ahora roto.

En primer lugar, la idea de que “los nacionalismos del siglo XX llevaron al mundo a dos guerras apocalípticas y hundieron a Europa en la barbarie” pasa por alto que la propia formulación de la democracia europea contemporánea, desarrollada con las revoluciones liberales, está estrechamente unida al nacionalismo. La idea de “soberanía nacional”, en la que se basan las nuevas constituciones que nacen desde la revolución francesa, se opone a la “soberanía divina” y se enfrenta al reto inmediato de definir la nación. Además de la exclusión en ciertos momentos de varios colectivos de la propia noción de ciudadanía (mujeres, clases populares, esclavos y esclavas, población colonial, migrantes…), el otro reto permanente, y no resuelto todavía, es la propia definición de la nación.

Décadas de investigación, también protagonizada por una parte de los que firman ese manifiesto, nos ha dejado claro que la definición de las naciones es un proceso histórico que no responde a características objetivas de esos grupos (factores lingüísticos, geográficos… que pueden tener su peso, pero nunca de manera determinante), sino a procesos complejos en los que se han ido construyendo identidades, a veces impulsadas o impuestas desde el Estado, a veces formuladas por colectividades que no se veían identificadas con los discursos estatales dominantes. Esa definición de la nación es lo que ha sido, y sigue siendo, el principal problema del nacionalismo. Sin embargo, la deriva de ese problema y de los conflictos que genera en espirales de violencia ha tenido que ver con las estrategias políticas utilizadas en ellos. Y esas estrategias políticas, de las que podemos entresacar un amplio repertorio, han estado a su vez atravesadas por otro tipo de intereses e identidades, como las de clase social o las de género.

La clave, por lo tanto, es el proceso de construcción y reconstrucción de las naciones y la manera de afrontar los problemas que se crean en torno a ella. Simplificando mucho se podría decir que los conflictos se han dirimido a veces desde la imposición y en ocasiones abriendo paso a la voluntad de la población, muchas veces desde el diálogo y la negociación. De la elección de unas u otras estrategias se han derivado múltiples consecuencias, algunas catastróficas y otras que han servido para profundizar en las prácticas democráticas. Y sobre eso, la investigación histórica (siempre plural y en construcción) nos dice que las estrategias y las soluciones que han primado el uso de la fuerza sobre la voluntad popular no solamente han ahogado los derechos de muchas personas y colectividades, sino que han terminado degenerando en una espiral autoritaria e incluso en prácticas militaristas que ahogan la democracia y generan culturas de odio y exclusión.

Así pues, lo que se dirime en el conflicto actual no es si Cataluña debe o no ser independiente, sino la definición de las bases sobre las que se construyen y evolucionan las naciones, ya sea la catalana o la española. Por eso, defender el principio de la unidad de España por encima de la voluntad de una colectividad que quiere poder decidir sobre su pertenencia a ella es claramente apostar por un nacionalismo basado en la imposición, una idea estática de nación como sujeto único e indivisible de soberanía. Supone también, claro está, dejar de lado otras formas de resolver estas cuestiones (como la recientemente planteada, sin demasiados problemas, en Escocia), renunciar, en una situación de clara aceleración del tiempo histórico, a pensar más allá de una idea hobbesiana de la democracia y asumir cual religión civil una idea dogmática de la legitimidad de la violencia del Estado, sin reparar en los múltiples ejemplos históricos de las barbaridades cometidas en su nombre (no sólo hemos leído a Weber, también hemos leído a Tilly y recordamos los postulados perniciosos que heredamos del siglo XIX, la violencia del Estado no merece la fe de un historiador).

Por otro lado, el segundo supuesto en el que se basa el manifiesto es que “no hay democracia sin sujeción a la ley”, ignorando que precisamente la desobediencia civil ha sido una de las claves que explican los procesos históricos que han posibilitado un desarrollo más participativo e integrador del concepto de democracia. La estrategia del movimiento sufragista, las campañas por los derechos civiles o el recurso a la huelga no son más que algunos de los ejemplos más significativos de las virtudes democratizadoras de la desobediencia y de su utilidad para conquistar nuevos derechos. Algunos de los firmantes, no está de más recordarlo, nos mostraron su apoyo y solidaridad cuando fuimos encarcelados por tomar parte en una campaña de desobediencia civil noviolenta, la insumisión.

También ahora, responder a la desobediencia con una apelación al uso de la fuerza no sólo supone minar las bases de la democracia, sino que tiene el peligro de abrir las puertas a una deriva de enfrentamiento y vulneración masiva de derechos humanos. Supone también despreciar la posibilidad de explorar vías de diálogo y resolución noviolenta de conflictos. Es esa apuesta por la fuerza la que puede conducir a la barbarie, y no la desobediencia civil pacífica.

Por todo esto, nos duele que algunos de los investigadores e investigadoras que han estudiado esos procesos estén ahora precisamente apostando por la vía más peligrosa. Nos parece, sinceramente, un ejercicio de irresponsabilidad histórica, sabiendo que sus consecuencias son claramente impredecibles. Podemos saber cómo empieza una respuesta represiva, pero es imposible saber cómo puede terminar.

https://www.elsaltodiario.com/opinion/respuesta-manifiesto-profesores-universitarios-referendum-catalunya

Nota de la redacción:

Sobre el mismo tema ver, publicados en viento sur:“Manifiestos académicos contra referéndums”, Sebastián Martín: http://vientosur.info/spip.php?article13033 y “El manifiesto de la desfachatez y postdata sobre un manifiesto de 243 universitarios”, Ramón Zallo: http://vientosur.info/spip.php?article13007.

 

                                                 

                                                 

Referendum del 1-O

Estat espànyol: respecte el dret a decidir del poble català
30/09/2017 | Docentes valencianos por el derecho a decidir

[Versión original en catalán y castellano y listado de firmantes: https://www.change.org/p/estat-espanyol-respecte-el-dret-a-decidir-del-poble-catal%C3%A0]

Las personas que firmamos este manifiesto, todas nosotras docentes valencianas, queremos denunciar la actuación autoritaria del estado español en Cataluña, así como manifestar nuestro apoyo al derecho inalienable que tiene el pueblo catalán a decidir libremente su futuro. Lo hacemos no únicamente en cuanto que ciudadanos preocupados por los ataques que se están produciendo a derechos y libertades fundamentales, sino también en tanto que profesionales de la educación. Para nosotros, el objetivo de la educación en una democracia no puede ser nunca ni el adoctrinamiento, ni la creación de mano de obra barata, ni la indiferencia cívica; al contrario, una educación democrática tiene que tener como finalidad la formación de ciudadanos críticos que sean capaces, entre otras cosas, de respetar la pluralidad ideológica.

Desgraciadamente, cada día que pasa está más claro que el Régimen del 78 es incapaz de aceptar esta pluralidad. La respuesta de la oligarquía postfranquista a todos aquellos, personas o movimientos sociales, que se han atrevido a disentir de los consensos de la Transición, ha sido siempre la misma: la criminalización y la represión. Por este motivo, todo lo que en estas semanas está pasando en Cataluña no se puede entender como un problema particular del pueblo catalán, sino como la última manifestación de la incapacidad del Reino de España para abordar sus problemas políticos de una manera civilizada. Atacar las libertades de pensamiento, de expresión, de información, de reunión y de manifestación, detener personas sólo porque piensan diferente, así como impedir que la ciudadanía pueda expresar en un referéndum cuál es su voluntad, es más propio de una dictadura que de un sistema democrático.

Ningún demócrata puede permanecer impasible ante estos ataques, ni adoptar una falsa equidistancia entre aquellos que quieren decidir pacíficamente su futuro y aquellos que lo quieren impedir utilizando la violencia del estado. Ni ningún docente demócrata lo puede hacer tampoco, porque entendemos que forma parte de nuestra tarea ayudar a nuestro alumnado a cuestionar los prejuicios dominantes en su sociedad (como, por ejemplo, los prejuicios anticatalanistas difundidos por la casi totalidad de mediados de comunicación españoles), así como convencerles de que no son material humano explotable por el capital, sino personas con una dignidad y con el derecho y el deber de ocuparse de la cosa pública. Ya lo dejó escrito Joan Fuster, que bien sabía como se las gastaba el fascismo español: “Toda política que no hagamos nosotros, será hecho contra nosotros”. Ahora es la sociedad catalana, mañana puede ser cualquier otro colectivo o cualquiera de nosotros. Por todo esto, exigimos al Estado español que detenga la represión contra el pueblo catalán y que le deje votar libremente.

Primeros firmantes: Enric Gil Muñoz, David Sempere Gandia, Òscar V. Ramírez Sales, Josep-Lluís Navarro Lluch, Mari C. Enrique Belvis, Ferran Terol Biosca, Dolors Carceller Ruiz, Vicent Monroig Climent, Carmina Peiró Matoses, María José García Soriano, Empar Moreno, Miquel Àngel Vara i Armenteros, Enric Senabre Carbonell, Eva Pérez Sánchez, Irene Benavent Martínez, Elodia Pastor Reig, M. Teresa Rey Ponce de León, Creu Llopis Espinosa, Encarna Díaz Carmona, Enriqueta Bosch Girona, Miquel Aleixandre Campos, Juan Armenteros Garrido, Jacinto Escobar Mora, Agustín Zaragozá Granell, Felicidad Valero Querol, Natàlia Sebastià Martín.

 

                                                 

                                                 

Referéndum del 1-O en Catalunya

El Procés
30/09/2017 | Paco Letamendia Ortzi

El Procés está siendo impecable. Por lo que significa: si se admite que Catalunya es una nación, como lo hacen algunas fuerzas opuestas a él, nos encontramos con un sujeto político con pleno derecho a decidir sobre sí mismo, y no con un perro que ladra a la luna.

El Estado moderno viene siendo desde hace siglos una fuerza tenebrosa construida en los siglos XVII y XVIII por monarcas que lo iban creando en paralelo a su ejércitos, prostituido como nación en los siglos XIX y XX por excluir a los obreros perdedores en la lucha de clases y a los grupos nacionales diferentes por su lengua y su cultura del grupo dominante. Fuerza elitista y excluyente, sólo podía cambiar desde abajo. Y eso es lo que está ocurriendo en Catalunya, con un movimiento surgido de la base que ha contagiado a las instituciones, que ha puesto en pie a todos los grupos sociales, estudiantes, ciudadanos de los municipios, estibadores, gente de la calle, con un discurso y una práctica pacifistas y gandhianos, conectados por arriba con un Guvern que gracias a ellos está manteniendo el tipo.

Esta conexión de la base con la cima ha provocado la caída de todas las caretas del Estado español; la primera, la de una Constitución que siempre había sido centralista y opresora, y hecho evidente la perversión total de un lenguaje donde el derecho democrático a decidir se presenta como sedición, el atropello de cargos públicos y representantes de la sociedad civil como triunfo de la ley y democracia, con académicos que piden el uso de la fuerza (¿legítima? ¡venga ya¡) para apuntalar un Estado que les mima, que les promociona a base de bolas negras contra sus rivales y les hincha sus cuentas corrientes, con medios de comunicación tenidos por serios rebajados ahora al nivel de la prensa basura, con jueces y policías actuando al alimón, animados estos últimos con los gritos de “A por ellos” propios de cacerías de zorros y jabalíes, con las fuerzas de ocupación chantajeando hasta hacer sangre a unos ”Mossos” asqueados de lo que se les está pidiendo.

¿Falta de garantías del proceso? Pero imputárselo a los catalanes es como responsabilizar a un secuestrado de no poder moverse. ¿Confederación? Pero ello no es tarea de un Estado, sino la voluntad de Estados pre-existentes de confederarse, para lo que antes hay que crearlos, y el Estado anterior democratizarse lo bastante como para entrar en el juego; lo que obviamente no es el caso. Por ello, “Visca Catalunya lliure”, “Gora Euskalherria askatuta”, “Viva Galiza ceibe”, y “Viva España libre”, son tareas permanentes que quieren decir lo mismo: el derecho a decidir de todas ellas.

La situación está haciendo brotar independentistas en Catalunya como champiñones; de lo cual yo me alegro. Pero eso no es lo más importante. Lo esencial es llevar a la práctica el derecho a decidir del sujeto político catalán -como bien lo sabe aquí Gure Esku Dago-, sea cual sea el resultado del referéndum, pese a toda la violencia del Estado. Es incluso posible -pero en modo alguno seguro- que el empleo de la pura fuerza bruta impida el 1 de octubre el acto físico de votar. Pero ni tan siquiera eso será lo decisivo, pues Catalunya ha ganado ya y, más pronto o más tarde, recogerá los frutos.

30/09/2017

 

                                                 

                                                 

 

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Autor: EnLUCHAS

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